San Cristóbal de las Casas, Chis. La organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal, exigió una vez más a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “ya haga público su Informe de Fondo” sobre el caso de los 45 indígenas asesinados en esa comunidad el 22 de diciembre de 1997, “para que dé a conocer y ampare la verdad de lo que sucedió hace casi 25 años”. 

Le pidió que “indique ya al Estado mexicano cómo se debe hacer la justicia y que se aproxime a la verdad, ya que sexenio tras sexenio, se ha garantizado impunidad a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales de este crimen de lesa humanidad”. 

En un comunicado sostuvo que “como resultado de esta incubación de la impunidad en Chenalhó y en Chiapas, es el florecimiento de la división y el aumento de la presencia de grupos armados en las comunidades en alianza con el crimen organizado con algunos de los carteles que opera en Chiapas y son una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, sacrificando de nuevo a gente inocente”. 

Al conmemorar con una celebración religiosa un mes más de la masacre, sostuvo que “sólo publicando y validando la verdad y dando castigo a los responsables de todos los niveles del gobierno, al Ejército Mexicano y la Seguridad Pública, se puede asegurar que no se repitan masacres de campesinas y campesinos como la de Acteal y Aguas Blancas en Guerrero, de que el pasado 28 de junio se cumplieron 27 años sin justicia”. 

 Ambas masacres, agregó la agrupación, “fueron coordinadas desde los puestos de mayor nivel en la gestión de Ernesto Zedillo Ponce de León con gobiernos estatales y municipales asesinos, por lo que exigimos castigo para ellos. Para que no mueran impunes” como el ex presidente de México, Luis Echeverría Alvarez. 

Manifestó que “el Caso Acteal corre la misma suerte que la de nuestros hermanos p’urhepechas de la comunidad de Tarejero, Michoacán, quienes de manera organizada siguen exigiendo a la CIDH que emita el Informe de Fondo sobre el caso de los cinco integrantes de la Familia Guzmán Cruz que fueron desaparecidos de manera forzada por la entonces Dirección Federal de Seguridad y el Ejército Mexicano, hace ya 48 años, durante la guerra sucia. Su caso fue admitido ante la CIDH en 2013 y el caso Acteal en 2015, pero ambos Informes de Fondo siguen pendientes y por ello la justicia para todas nosotras y nuestros pueblos sigue denegada”. 

La agrupación exigió también la Fiscalía de Justicia estatal, que “retire inmediatamente la orden de aprehensión sin fundamentos con la que está criminalizando la admirable labor por la paz en nuestros pueblos que ha realizado el padre Marcelo Pérez Pérez”. 

Abundó: “Les exigimos que mejor dediquen sus energías y talentos para armar, bien y sin huecos mañosos, los casos contra los verdaderos criminales en el Estado de Chiapas, como los asesinos materiales e intelectuales de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López”.