A casi un año de la reforma que prohíbe el outsourcing, en las empresas de seguridad privada persiste la contratación de personal bajo este esquema, denunció Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

Señaló que la falta de una Ley General en la materia propicia que alrededor de 55 por ciento (3 mil 575) de las 6 mil 500 empresas que el CNSP estima proveen este tipo de servicios, sigan llevando a cabo prácticas de subcontratación, evadan impuestos, operen en la informalidad y ocasionen precariedad laboral para sus empleados.

En entrevista con La Jornada, reconoció que se ha avanzado en el cumplimiento de la reforma para eliminar el outsourcing, pero –sostuvo- uno de los problemas en el sector de la seguridad privada es que está “sobrerregulada”, al crearse leyes de carácter “asimétrico” que incluyen lineamientos diferentes entre sí. Es decir, indicó, existe una ley federal, 32 leyes estatales y otras de carácter municipal, principalmente en el estado de Guanajuato.

“Eso obliga a las empresas a cumplir con varias regulaciones, en función de los sitios donde opere. Esa asimetría jurídica genera problemas legales al sector, que se traducen en un incremento de empresas que operan al margen de la ley”, comentó Sapién Santos.

De acuerdo con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), al menos mil 706 empresas de seguridad privada están inscritas en el padrón; cada una tiene razón social en la que se especifica el servicio que otorga. En la plataforma se puede verificar que el contratista sí cuenta con esta disposición establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT), para prestar el servicio y que éste no coincide con su actividad preponderante.

La Secretaría del Trabajo informó en días recientes que realizará “con rigor y responsabilidad” 11 mil inspecciones para verificar que las empresas cumplan con la eliminación de la subcontratación.

En el Programa de Inspección 2022, la dependencia advierte que a partir del análisis de datos y cruce de información del REPSE se logró identificar sectores económicos –sin precisar cuáles– en los que “existe un potencial riesgo” de que se siga utilizando el outsourcing.

Las 6 mil 500 empresas de seguridad privada generan el 1.4 por ciento del producto interno bruto del país, y en ellas se emplean alrededor de 600 mil elementos, la mayoría de ellos sin capacitación ni uniforme; sin respetar sus derechos humanos y laborales, carecen de seguridad social, salario digno y reparto de utilidades, expuso Sapién Santos.

Al primer trimestre del año, 151 mil personas trabajaron de vigilantes y guardias en distintos establecimientos pero en la informalidad con un salario promedio mensual de poco más de 4 mil pesos, según la plataforma Data México de la Secretaría de Economía.

Los guardias que sufren en mayor medida condiciones laborales precarias son los que se emplean en condominios, eventos masivos y complejos residenciales, donde no supervisa si los elementos cuentan con capacitación y si las empresas operan en la legalidad, indicó.

Prueba de ello, dijo, son los hechos ocurridos en el estadio de futbol, en Querétaro, donde tres horas antes del evento contrataron a personal para vigilar un evento masivo, “sin verificar la capacitación, sólo solicitaron la identificación INE y no tener antecedentes penales; hubo una clara negligencia de la empresa de seguridad”.

El presidente del CNSP —instancia que ha impulsado la creación de la Ley General en la materia— señaló que las compañías ilegales del sector“dejan una carga social”, pues si los elementos tienen algún accidente en sus funciones, las empresas irregulares “incumplen con la LFT, cierran oficinas y se van a otra entidad; llegan con otra imagen y ofrecen otro tipo de servicios y son contratadas, se genera un “efecto cucaracha”.

La problemática seguirá permeando, sostuvo, no solo por la problemática del REPSE; mientras no haya una ley general de seguridad privada, con un registro nacional y único de prestadores de servicios, del padrón de elementos, “será imposible poder avanzar una verdadera regularización de este sector empresarial”.

En mayo de 2021 la Comisión Permanente emitió la declaratoria de reforma constitucional al artículo 73, que facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Seguridad Privada, cuyo ordenamiento fue publicado el 28 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.

El plazo máximo para expedir la ley venció en noviembre pasado. Recientemente autoridades federales informaron que se está analizando.