La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), celebró la liberación de Basilisa Montaño Gutiérrez y otros defensora indígenas de la comunidad de Coyomeapan, Puebla.

En un comunicado, expuso que como resultado de las mesas de trabajo que fueron concertadas por dicha subsecretaría, a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), el 20 de julio pasado, obtuvieron su libertad de manera inmediata, Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez y Adán Anastasio González Aguilar, quienes estaban recluidos en el Centro de Reinserción Social Regional en Tehuacán.

Indicó que derivado de la solicitud de los familiares de las personas privadas de su libertad, dicha comisión acompañó y asesoró en el diseño de mecanismos de solución alterna que permitió la libertad de los activistas, quienes detenidos el 11 de septiembre de 2021, en el municipio de Ajalpan, a consecuencia de la inconformidad que tuvieron sobre el proceso electoral en el municipio de Coyomeapan, ocurridos el 6 de junio de ese año.

Detalló que en este proceso de atención se han llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con el gobierno estatal, a través de la SG, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la Fiscalía General en la entidad, los representantes legales de los procesados y los familiares de los mismos, así como la participación en una de las reuniones de la representación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el objeto de buscar y generar alternativas de solución pacífica y jurídica que posibilitara la libertad de las personas, “en apego irrestricto a los derechos humanos y a las garantías del debido proceso”.

La subsecretaría precisó que en esta mesa de trabajo interinstitucional, aún queda pendiente por resolverse la situación jurídica de Gonzalo Martínez Herrera, quien se encuentra sujeto bajo procedimiento jurídico tradicional, distinto a los que adquirieron su libertad condicional.

Reconoció el trabajo institucional del gobierno de Puebla, así como del Tribunal Superior de Justicia, y de la Fiscalía General estatales, para velar por la garantía y el respeto pleno a los derechos humanos de las personas puestas en libertad.

Expuso que con estas acciones, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México “refrenda el firme compromiso que tiene con las personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicano, de trabajar incansablemente en la promoción y defensa de los derechos humanos y colectivos, establecidos en la Constitución” y en los convenios y tratados internacionales de los que México forma parte, en concordancia con la política de defensa de los derechos humanos del gobierno federal.