En Querétaro existe una “violencia sistemática y estructural” en contra de los ciudadanos que se oponen a la privatización del servicio de agua potable y defienden sus territorios, aseveraron 38 organizaciones ambientales.

El 10 de junio el gobierno del estado encabezado por el panista Mauricio Kuri “mandó reprimir una concentración pacífica” que exigía la abrogación de la ley “mercantilista” que cede a particulares los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado del estado, aprobada en mayo por el Congreso local “con inusual rapidez”, señalaron la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), la Coordinadora Nacional Agua para Todxs y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Los manifestantes, entre ellos estudiantes, docentes e indígenas de la comunidad de Santiago Mexquititlán y Chitejé de Garabato, del municipio de Amealco de Bonfil, fueron desalojados por policías antimotines, con saldo de tres detenidos que “estuvieron desaparecidos por varias horas e incomunicados”.

Actualmente, dijeron, siguen su proceso en libertad por su presunta responsabilidad de los delitos contra la seguridad, el normal funcionamiento de los medios de transporte y de las vías de comunicación.

A las instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas, “llegaron policías con escudos, cascos y macanas; nos rodearon y golpearon. Me tomaron de pies y manos, me asfixiaron y sin justificación me privaron de mi libertad”, junto con dos personas más, narró Roberto Garrido, estudiante de ciencias ambientales y cambio climático.

Los colectivos exigieron retirar de manera “de manera inmediata” los cargos imputados y advirtieron que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado el caso.

“Estos hechos no son aislados”, afirmaron las organizaciones. Lo acontecido en Querétaro alrededor de una ley pone en riesgo derechos, ecosistemas, y justicia hídrica se da en un contexto “de racismo y agresión hacia personas y comunidades defensoras de la tierra, entre las que destacan amenazas, detenciones arbitrarias y prisión contra la comunidad hñähñu de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, expusieron.

Como tendencia “a una política de mano dura”, continuaron, en los últimos años se han presentado reformas que “criminalizan” la manifestación pública y la difusión de información en la entidad.

En octubre de 2020, indicaron, se aprobó la Ley Garrote, esta disposición legitimó socialmente el uso de la fuerza pública contra defensores ambientales. En 2022 periodistas locales y defensores de derechos humanos lograron revertir la reforma al artículo 159 del Código Penal del Estado, conocida como Ley Mordaza, que penalizaba con hasta cinco años de prisión por revelar información pública.

A estos hechos se suma “la masacre cometida” en el Estadio Corregidora; “una menor asesinada en el municipio de El Marqués, un menor otomí quemado dentro del recinto educativo por dos compañeros” y la represión a la defensa del agua, apuntaron las organizaciones ambientales.

En los últimos 13 años, abundaron, han aumentado los conflictos socioambientales derivados de la urbanización desmedida y despojo de tierra, agua e identidad.

Claudia Romero, de la comisión legal de la Redavi, señaló que solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ley de aguas en la entidad, sin considerar el derecho humano al líquido. Sin embargo, dijo, anunció que no era procedente.

La Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la vida, expresó su solidaridad por lo ocurrido en Querétaro, donde una concentración pacífica “fue brutalmente criminalizada”.

Alejandra Parás, de esta organización, sostuvo que el problema de raíz y “gran cáncer” que está provocando sequías, desabasto y una inequidad en el acceso al recurso hídrico, se debe a “una obsoleta Ley de Aguas Nacionales, de 1992.

“Esta ley obsoleta abrió la llave del agua en grandes cantidades a la industria, fomentando el acaparamiento. Y bajo el argumento de la sequía, se promueven ahora grandes obras que fomentan el despojo y amenazas en los territorios”, comentó.

Por ello, urgió, a aprobar la Ley General de Aguas que está atorada en el Congreso. Dos mil 200 millones de mexicanas y mexicanos no tienen acceso al agua e1n sus casas, expuso.