Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el requerimiento estadunidense, y al cual se sumó Canadá, para iniciar consultas sobre una presunta violación de México en materia energética al Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), podría deberse a un asunto político, y dijo tener indicios de que puede ser impulsada por quienes tenían intereses creados y ahora se sienten afectados. “Piensan que van a imponerse. No. Nosotros no nos vamos a dejar”. Tampoco, añadió, “nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.

Al subrayar que el tema se va a aclarar, ponderó que su gobierno ha hecho esfuerzos para atender a las empresas estadunidenses y se han puesto de acuerdo con casi todas. Incluso, recordó que en su reciente visita a Washington, en una reunión con empresarios estadunidenses, hubo compromisos de inversión en materia energética.

Relató que hace un mes, y durante dos semanas, atendió a representantes de 19 empresas del país vecino, de las cuales con 17 se alcanzaron acuerdos. Pero “no es nada más lo de las empresas, les diría que no son las empresas las que tienen la inconformidad, por eso intuyo que es un asunto político, porque incluso estuve en Washington, no se trató el tema; nos reunimos con los empresarios, no se trató el tema. Al contrario, empresarios estadunidenses se comprometieron a invertir 40 mil millones de dólares en el sector energético, ya firmamos acuerdos”.

Adujo que muchos de los que promueven las consultas en México son quienes aceptaron que el petróleo se pusiera en la mesa de negociación, defendido “por intelectuales y medios de comunicación del conservadurismo”.

“Entonces, ¿qué se alega? Tenemos muchísimo elementos para responder y si se trata de una sanción de tipo política, también nos vamos a defender”, expresó durante su conferencia de prensa diaria de este jueves.

Consultado sobre el tema, explicó que “es un procedimiento que está establecido en el Tratado, se ha recurrido a este procedimiento si mal no recuerdo en cinco ocasiones: lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá; Canadá en contra de Estados Unidos; México y Canadá en contra de Estados Unidos, y ahora Estados y Canadá en contra de México. Es un procedimiento que se contempla en el tratado”.

Sobre este caso, señaló que es una consulta sobre políticas “que se presume contraviene lo establecido en el tratado. Hay un plazo para dar respuesta a esas consultas de poco más de 70 días, y luego si no hay acuerdo se va a paneles internacionales para que se dirima sobre el caso, quién tiene la razón, es un proceso”.

Por parte de México, adelantó que se “dejará de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado” y recalcó que las políticas públicas las definimos en México con base en la Constitución y las leyes.

Retomó como ejemplo el caso de la rectoría del petróleo, que “en otras administraciones se negoció el tema, ya lo expliqué aquí, cuando se iba a renegociar el tratado, pusimos como condición y se quitó el capítulo del petróleo en el tratado”.

Afirmó que los gobiernos anteriores habían comprometido con Canadá el petróleo, y ya había acuerdo sobre el manejo del petróleo, por lo que Estados Unidos decía “que si ya México había entregado la posibilidad del manejo de la política petrolera con otros países, ¿por qué se excluía a Estados Unidos?, porque en efecto, estos gobierno entreguistas ya habían aceptado que en los gobiernos internacional quedara susceptible de negociación el petróleo de México, entonces dijimos que no íbamos a aceptar”.

Anunció que presentará un comparativo de cómo se había planteado este capítulo, y cómo quedó al final.

Agregó sobre las consultas: “tengo indicios que esto tiene que ver con los intereses creados, que se sienten afectados porque se dedicaban a saquear a México, y como se puso un alto, y hasta aquí, empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y logran esto, pero si no hay razón, nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados”.

Tras apuntar que el presidente Biden se ha pronunciado por una relación con México en pie de igualdad, y es respetuoso de la soberanía mexicana, consideró que, como sucede en cada país, hay quienes tienen posturas distintas.

López Obrador insistió en contraste don en el pasado en el que Hacienda hizo caso de las políticas dictadas desde el extranjero, “ya eso no se acepta en México por eso el pueblo quiso el cambio, no es un asunto ideológico, es el juicio práctico, esa política que se impuso por más de tres décadas, sólo benefició a una minoría” y no funcionó para los mexicanos.

Por ello, la agenda ahora “la establecemos nosotros” de acuerdo al plan de desarrollo enviado al Congreso que no está basado con las directrices del Banco Mundial o gobiernos extranjeros.

“Esto es lo que sorprende, imagínense, más de tres décadas, 36 años de política neoliberal de tanto agachar la cabeza, de tanto arrodillarse, se acostumbraron. No. Tenemos que hacer valer nuestra soberanía, y el petróleo es nuestro y de la nación.

“Al final ¿qué es lo que estamos defendiendo? Pues que no aumente el precio de la luz, que no nos pase lo de España”, ya que “si dejamos a estos ambiciosos, que lo único que les importa es el dinero, el lucro, dejamos en estado de indefensión al pueblo de México, y esos no. Entonces, es defender para que no aumenten los precios de la luz, de los combustibles”, o que no desaparezca la CFE.

“Si en Estados Unidos no se hace así, o en España no se hace así, son otras historias. Nosotros nacionalizamos el petróleo, la industria eléctrica. Fueron luchas de nuestro pueblo, y eso nos benefició mucho. Imagínense lo que obtuvo el pueblo de México con la expropiación petrolera (…) se pudo desarrollar el país, y nunca nos faltaba gasolina, éramos autosuficientes. Cuando se empezó a vender petróleo, hasta el 40 por ciento del presupuesto nacional dependía de los ingresos petroleros gracias al dominio de la nación sobre el petróleo”.

A diferencia de gobiernos pasados, dijo que la agenda de su gobierno no es privatizar la salud, educación o el petróleo, sino el bienestar del pueblo, combatir la desigualdad, desterrar la corrupción y acabar con la impunidad para lograr la pacificación del país.