Tijuana, BC. Las comisiones estatales de derechos humanos del país afinan una propuesta para legisladores y el gobierno federal a fin de implementar una “alerta” similar a la de género, pero que sea para atender la problemática de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en algunas regiones donde el número de menores asesinados y desplazados por la violencia va en aumento.
Mientras los representantes de las comisiones de Tamaulipas, Michoacán, Morelos, Oaxaca, entre otras, discutían; en las calles de Tijuana una niña de 9 años fue herida durante un ataque armado que le costó la vida a su madre y su hermano de 18 años.
Aglutinadas en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (Fmopdh), los ombudsperson están buscando mecanismos para que el país atienda el asesinato, la desaparición, trata y tortura de que son víctimas los pequeños, empezando por un registro de casos para dimensionar la situación porque son escasas las cifras oficiales o las qué hay son de organismos internacionales.
Sólo en Baja California se han contabilizado más de 300 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes de 2017 a la fecha según datos de la Fiscalía General del Estado, cifra que a decir del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Mora, evidencia la necesidad de implementar medidas especiales para atender y erradicar la violencia dirigida a esta población.
Gerardo Armando Ortiz Alanís, titular de la Unidad de Atención de Personas Desaparecidas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, puso énfasis en el problema de los desplazados internos (entre ellos niños), y recordó que la mayoría de quienes acamparon en El Chaparral, pidiendo asilo en EU, eran familias desplazadas de Michoacán y Guerrero que incluían niños.
“Los municipios de salida desde Michoacán son Aguililla, Apatzingán y Buenavista, así como Múgica, que son lugares caracterizados por la violencia ligada al trasiego de droga”, comentó haciendo referencia a un estudio de la UNICEF publicado este año.
Nashiely Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (Fmopdh) recordó que en 2010 se dió a conocer una informe de la ONU que dejó claro que la violencia contra este sector de la población no reconoce fronteras ni clases sociales, y que incluye delitos tan graves como la explotación sexual infantil, el desplazamiento forzado interno y las desapariciones.
Los funcionarios reconocieron que “ha habido un récord de impunidad frente a estos crímenes” que debe revertirse, por ellos, una “alerta” para los estados donde el problema es agudo permitiría contar con recursos económicos y una atención institucional como ya se hace en el caso de los feminicidios.
La sesión de la Comisión Especial para Atender la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes de Fmopdeh, donde se elabora la propuesta de atención a la violencia contra los menores, se dió mientras en la ciudad de Tijuana dos mujeres envueltas en cobijas eran tiradas en la calle y otra perdía la vida a balazos, en una espiral de violencia que no distingue, hombres, mujeres o niños.
