Ciudad Juárez, Chih. El Secretario de Seguridad Pública Estatal Gilberto Loya Chávez, informó que al menos en 12 de los 67 municipios del estado no cuentan con policías municipales, por lo que les pidieron a los ediles que formen las corporaciones cumpliendo los requisitos de ley.

Históricamente algunos municipios de la entidad como Guadalupe, Distrito Bravo y Praxedis G. Guerrero, ambos en la zona del Valle de Juárez, no tienen elementos desde el 2010 cuando mataron y desaparecieron a varios elementos, y los ediles solamente han contratado personal para solucionar conflictos entre vecinos, sin armas.

El funcionario estatal a cargo de la seguridad dio a conocer que en los ayuntamientos sin policías se está brindando la colaboración con agentes estatales, mientras contratan policías locales.

“Hay 12 municipios que no tienen policías municipales. Coronado, sus policías le renunciaron recientemente, hay otros municipios que tomamos así, Satevó, Ignacio Zaragoza, Galeana”, dijo, al tiempo que mencionó que se encuentran notificando a los alcaldes sobre la necesidad de acreditar a sus policías ante el estado.

No lo mencionó, pero hace dos semanas personal militar y de la SSPM acudieron a Urique para revisar las armas de los agentes, las cuales portaban sin el permiso oficial y la mayoría de ellos huyó, al igual que el edil del partido Movimiento Ciudadano.

Loya Chávez reiteró que en esta administración van a buscar que todos los municipios puedan concretar sus respectivas corporaciones, toda vez que en la anterior se optó por tomar el control de esas demarcaciones, en lugar de formalizar una Policía Municipal.

Galeana, Coronado, Satevó, Carichí, Guadalupe, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, entre otros, no cuentan con un cuerpo policiaco debido a la presencia de grupos criminales.

Otros de los municipios que tampoco cuentan con agentes municipales son Bachiniva, Bocoyna, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, entre otros, que por diversas cuestiones no han tenido elementos municipales y que deben recibir apoyo tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los agentes renuncian cuando corporaciones militares revisan el porte de armas; así también, por amenazas del crimen organizado dado que los grupos se disputan el territorio, o bien cuando han ejecutado a uno o varios de sus compañeros.