La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del defensor indígena Crispín Reyes Pablo, perpetrado el 14 de julio pasado, en el municipio de San Juan Juquila Mixes, Oaxaca. Llamó a las autoridades estatales y federales a que realicen investigaciones prontas y diligentes, en las cuales se tomen debidamente en cuenta la labor del defensor comunitario y que logren identificar y sancionar tanto a los autores directos como intelectuales de este homicidio.

“El desplazamiento forzado es una realidad innegable y compleja en México y Oaxaca. El asesinato del señor Reyes Pablo es una trágica evidencia de la situación en la que viven las víctimas de desplazamiento forzado y el riesgo que corren quienes defienden sus derechos”, resaltó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.

De acuerdo con la información recabada por esta oficina, el defensor comunitario fue asesinado, con arma de fuego, mientras trabajaba en una propiedad cerca de Juquila Mixes. Hasta enero de este año, se desempeñaba como agente municipal de la comunidad indígena de Guadalupe Victoria, representando y defendiendo los derechos de sus integrantes, especialmente de las 128 familias que habrían sido forzadamente desplazadas en 2017.

Fernández Maldonado aseveró que ante ello “es fundamental que el Estado mexicano asegure la protección de las comunidades que han sido forzadamente desplazadas, tal como la comunidad indígena mixe de Guadalupe Victoria. Este caso ejemplifica la realidad de muchas comunidades desplazadas en el país, que se enfrentan a la violencia cuando intentan retornar a las tierras de las que, originalmente, fueron expulsadas forzadamente y a una grave situación de desprotección en los lugares en donde se ven forzadas a asentarse”.

La ONUDH instó a las autoridades mexicanas a emprender acciones efectivas que garanticen la atención y seguridad de todas y todos los integrantes de la comunidad indígena mixe de Guadalupe Victoria y a asegurar el retorno en condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad a sus tierras.

Exhortó al Estado mexicano a reforzar las acciones dirigidas a la protección de las personas defensoras de derechos humanos, incluidas las y los integrantes de la comunidad mixe de Guadalupe Victoria, abordando las causas estructurales que favorecen estos ataques, para así garantizar de manera sostenible la seguridad de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos.

Las personas defensoras “desempeñan un rol fundamental en nuestra sociedad y cualquier ataque en su contra también afecta la seguridad y el goce de derechos de sus comunidades”, subrayó.