Ciudad de México. El juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, concedió una suspensión de plano al fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, con lo cual se frena, una vez más, su extradición a Estados Unidos, sin antes enfrentar un juicio correspondiente de acuerdo con el Tratado de Extradición entre México y el vecino país del norte.

Se concede la suspensión de plano para el efecto de que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta que se resuelva el presente juicio de amparo, señala el acuerdo del juez.

Francisco Reséndiz Neri, juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en Jalisco, otorgó al narco sinaloense la suspensión de plano a efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute la extradición, además de que el quejoso quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional del amparo, hasta en tanto se notifique a las autoridades la resolución que en su caso se emita dentro de dicho juicio.

El recurso lo promovió su hermana Beatriz Angélica Caro Quintero el pasado 16 de julio, un día después de la captura del capo. En su demanda señaló como acto reclamado la deportación o expulsión del país, sin que se haya seguido el procedimiento de extradición mencionado.

El actuario adscrito al juzgado noveno de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México, con residencia en Toluca, acudió al penal federal del Altiplano para informar a Caro Quintero sobre el juicio de amparo, mismo que fue ratificado por el narcotraficante, con lo cual se impide en estos momentos su entrega a las autoridades estadunidenses.

Hasta agosto de 2013, el sinaloense cumplía una sentencia por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, integrante de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), pero salió de la cárcel mediante un amparo, el cual fue revertido dos años después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En tanto, el gobierno de Estados Unidos solicitó a las autoridades mexicanas que sea extraditado con el fin de que comparezca ante la justicia de ese país, lo cual fue autorizado por la SCJN el 9 de octubre de 2019.

Por separado, el juzgado decimotercero de distrito de amparo en materia penal con sede en la Ciudad de México le otorgó una suspensión de plano contra actos de desaparición forzada e incomunicación. Dio un plazo de 24 horas, contado a partir de la notificación, para que las autoridades informen sobre el cumplimiento de la medida cautelar.