Campeche, Cam. Diputados locales, dirigentes municipales y estatal así como regidoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) en contra de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, por ejercer violencia política en razón de género en contra de legisladoras priístas.

Solicitaron al organismo emitir medidas cautelares para frenar este escarnio público, pues denunciaron que las priístas han sido agredidas, a raíz de que la mandataria emanada del partido Morena ventilara que posee fotografías sexuales de diputadas del tricolor, presuntamente enviadas a su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

Junto al dirigente estatal del tricolor, Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos, la diputada Laura Baqueiro Ramos sentenció que el PRI siempre ha luchado porque las mujeres tengan mayores espacios, de ahí la reforma de 2014 para otorgarles el 50 por ciento de los cargos, por lo que ‘no podemos quedarnos calladas ante el comentario denigrante de la gobernadora’.

“No podemos permitir que la participación que tenemos las mujeres en la política sea descalificada, porque no ha sido fácil la lucha. Necesitamos que nos reconozcan, porque estamos en espacios no por ser mujeres ni por situaciones denigrantes, sino porque nos hemos preparado”, atajó, y pidió a la comisión que investigue y emita recomendaciones.

La regidora Rosalina Martín Castillo sostuvo que a las mujeres no les han regalado nada, todo lo han tenido que luchar, por lo que condenó que Sansores San Román no utilice el poder para ayudar y ser sorora con otras mujeres.

“Una mujer empoderada no es aquella que señala, agrede y denosta. No se vale que usen los espacios de poder para seguir abusando y creando nuevos tipos de violencia hacia las mujeres”, arremetió, y llamó a las mujeres de otros partidos políticos a ser sororas.

El diputado Ricardo Medina Farfán, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso, pidió a la Codhecam emitir medidas cautelares para evitar que se sigan constituyendo hechos ilícitos que violenten a las mujeres, garantizando la salvaguarda de sus derechos humanos e integridad.