Nuevo Laredo, Tamps, El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C. denunció una serie de acciones violatorias a los derechos humanos que ocurren en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15 “CPS CHIAPAS”, ubicado en el Municipio de Villa Comaltitlán, atribuidas al personal directivo y de seguridad, informó el presidente de la Organización No Gubernamental, Raymundo Ramos Vázquez.

De acuerdo con información proporcionada por familiares de Personas Privadas de su Libertad (PPL), cuya identidad se reserva la ONG para evitar actos de represalia en su contra, desde el pasado lunes 4 de julio, alrededor de un centenar de hombres recluidos en al menos tres módulos mantienen una protesta pacífica para llamar la atención de autoridades del gobierno federal que atienda sus demandas.

Anteriormente, esas mismas PPL realizaron una huelga de hambre en el interior de los seis módulos del centro penitenciario ubicado en el estado de Chiapas, pero fue suspendida cuando los directivos cancelaron las visitas familiares e íntimas de los manifestantes.

La mañana del lunes 18 de julio, esos familiares se trasladaron a la Ciudad de México para denunciar violaciones graves a los derechos humanos de sus internos, y exigir la destitución de la directora Erika Adriana Tenopala Chaussee y del jefe de seguridad Pablo Guillen Morales.

El grupo acudió a las oficinas de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para entregar denuncias por escrito, que exhiben la falta de personal médico para atender enfermos de diabetes e hipertensión; la entrega de alimentos descompuestos; el rechazo de acceso a familiares directos, y la separación de los procesados por delitos locales y federales.

Asimismo, los familiares presentaron un escrito de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que piden la intervención de su titular, María del Rosario Piedra Ibarra.

Así también se lo solicitan al presidente Andrés Manuel López Obrador; al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez Velázquez, a fin de que intervengan ante tales violaciones de los derechos humanos de los presos.

Entre las quejas que las personas privadas de su libertad hicieron llegar al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se encuentran alimentos racionados y en malas condiciones higiénicas, falta de personal médico para atender a una población cercana a los mil 800 internos —pues sólo cuentan con un par de enfermeros—, actos de tortura y lentitud en los trámites para autorizar el ingreso de familiares en días de visita.

La población penitenciaria del Cefereso 15 son originarios de los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Estado de México y Baja California, entre otros, cuyos familiares deben trasladarse hasta Chiapas con todo lo que implica desplazarse a ese territorio.

“De ninguna manera queremos privilegios ni acusar a nadie en particular, solamente que mejoren las condiciones de higiene de los alimentos, atención médica oportuna y facilidades para que nuestros familiares puedan visitarnos sin demora, y cuando se les autorice”, fue el mensaje que hicieron llegar a la ONG.

En tanto, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, atender las quejas de las personas privadas de su libertad de ese centro de reclusión, enviando personal que supervise su funcionamiento irregular como la falta de atención médica y de medicamentos, así como probables actos de tortura de los manifestantes.

Solicitaron de igual manera a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrir un Expediente de Queja y enviar visitadores a entrevistar a la población penitenciaria, reservando sus identificados para evitar actos de represalias en su contra y de sus familiares.

Finalmente, piden a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana garantizar el derecho de manifestación y el pleno respeto a los derechos humanos de la población penitenciaria que en estos momentos se encuentran en un acto de protesta pacífica, así como de sus familiares y defensores jurídicos.