San Cristóbal de Las Casas, Chis. Ante el despojo de sus bienes por parte de grupos del crimen organizado, comunidades de los municipios de La Trinitaria y Frontera Comalapa, donde el fin de semana hubo enfrentamientos por la disputa de espacios, las comunidades “han empezado a organizarse para defender sus casas y el territorio”, afirmó el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez.

Dijo que los católicos y los sacerdotes que trabajan en esa región fronteriza con Guatemala le reportan constantemente la situación de “riesgo y las amenazas de que les arrebaten sus casas y sus bienes”.

“Les dicen ‘vete; se les respeta la vida y llévate lo que puedas’. Luego quieren regresar por más cosas y ya no los dejan. O sea que el crimen organizado se apropia de las casas y los bienes de las personas. Ya no los dejan regresar”, agregó.

Entrevistado después de oficiar una misa con motivo de la graduación de alumnos de primaria y secundaria del colegio católico Tepeyac, Aguilar Martínez reiteró que “se han reportado varios casos de despojo de bienes en pueblos de esos dos municipios, pero las personas se están uniendo para apoyarse unos a otros en la defensa de sus casas, del territorio, de la verdad y de la justicia para que haya paz”.

De acuerdo con pobladores de esa región, que pertenece a la diócesis de San Cristóbal, grupos del crimen organizado que se disputan el territorio, se enfrentaron entre sí el jueves y viernes de la semana pasada. Uno de los grupos se enfrentó también con elementos del Ejército Mexicano, con resultado de tres detenidos y armamento asegurado. 

Aguilar Martínez señaló que en esa ocasión no se reportaron muertos ni heridos, “pero no sabemos si los hay o no. Se dice que recogen los cadáveres. No me consta”.

Dijo que el gobierno debe de apoyar a los pobladores que habitan en esa zona, pues su integridad personal y sus bienes están en riesgo.

En cuanto a la situación del sacerdote indígena, Marcelo Pérez Pérez, en contra de quien la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a un juez que se librara orden de captura, manifestó que no existe riesgo de que sea detenido por la policía, porque el caso “se va a resolver jurídicamente”.

Añadió: “Está el proceso, no se ha ejecutado (la orden), porque yo estoy diciendo que el padre Marcelo es inocente y que se puede responder jurídicamente a todos los hechos que se impugnan en contra de él”.

—¿Existe amenaza inminente de que sea detenido? —se le preguntó.

—No, porque están esperando esas pruebas jurídicas que demuestren esa inocencia del padre Marcelo.

La solicitud hecha a un juez por la FGE el 21 de junio está relacionada con la retención y desaparición de 21 pobladores de Pantelhó, ocurrida el 26 de julio del año pasado, hechos por los que están presos en el penal El Amate, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, presidente y primer regidor de concejo municipal, respectivamente.

El obispo expresó que “desde luego que a mí me duele el caso de las personas desaparecidas. Me duelen sus familiares. Son seres humanos y también es un decir a quienes han desaparecido personas que recapaciten y lo reconozcan, porque por culpa de ellos se está diciendo que otras son las que han cometido esos crímenes. Desgraciadamente, en Pantelhó es una historia de varios años en que, si por un lado reclaman a esos 21 desaparecidos, por otro lado, reclaman a 200 desaparecidos. Entonces es una historia larga, por lo que es necesario sanar el corazón reconociendo la propia culpa”.