Ciudad de México. Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revelan que desde la Dirección de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria (Segalmex), a cargo de René Gavira Segreste, operó una red de corrupción que abarcó a los tres organismos encargados de garantizar la producción y abasto de productos alimenticios de primera necesidad para la población más vulnerable –leche, maíz, frijol, arroz, trigo– y que además se ocupan de fijar precios de garantía para pequeños productores agrícolas y agropecuarios del país.

Las auditorías de la ASF, los reportes y el seguimiento financiero a compañías y supuestos empresarios, muestran que Gavira Segreste, en coordinación con Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Segalmex, firmaron la asignación de contratos por montos millonarios a empresas fachada, al igual que a compañías que no tenían capacidad o los giros comerciales que requerían las empresas Diconsa y Liconsa.

En los dos primeros años de operación de Segalmex, una institución creada en enero de 2019, la ASF detectó irregularidades financiero-administrativas que sumaron 12 mil 806 millones 651 mil pesos, equivalentes a 16.9 por ciento del total de los recursos ejercidos en 2019 y 2020, que ascendieron a más de 75.6 mil millones de pesos.

Datos en poder de la FGR abarcan también pagos realizados por Segalmex, Diconsa y Liconsa por adelantado por decenas de millones de pesos a transportistas, supuestos productores o centros de almacenamiento que no pudieron acreditar la prestación de los servicios ni la entrega de productos o bienes en las tres instituciones. Hubo casos en que los registros se escribieron a mano en documentos que no correspondían a esquemas de contabilidad ni a los programas digitales respectivos.

A fondo en Liconsa

En el caso de Liconsa, donde el trabajo de la ASF y la SFP ha sido más profundo, las investigaciones detectaron que otro involucrado en la asignación de contratos irregulares fue Bernardo Fernández Sánchez, ex director comercial de esa empresa.

Las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) de la FGR descubrieron que para un mejor control de Segalmex, Liconsa y Diconsa, la Dirección de Administración y Finanzas a cargo de Gavira Segreste autorizó la contratación por outsourcing de miles de empleados en todo el país.

Tan sólo en la capital del país había 300 plazas con salarios de entre 40 mil y 100 mil pesos mensuales, que ya fueron canceladas. Sus ocupantes supuestamente cumplían sus funciones a distancia.

René Gavira Segreste, quien estuvo a cargo de las finanzas de la dependencia, está bajo proceso por colocar dinero del erario en la bolsa, pero lo enfrenta en libertad. Foto tomada de redes sociales

El encubrimiento de las operaciones fraudulentas abarcó todos los niveles, explicaron autoridades que participan en las indagatorias. A tal grado que las notificaciones de comparecencia emitidas por la FGR tuvieron que ser enviadas a través de funcionarios especialmente designados, ya que se descubrió que cuando se hacía mediante la oficialía de partes, el contenido de las citaciones o solicitudes era transferido casi de inmediato por mensajes de WhatsApp o vía telefónica a los señalados y sus mandos más cercanos, lo que afectó inicialmente las pesquisas.

Las auditorías y el seguimiento ministerial y financiero arrojó que René Gavira, Bernardo Fernández y Manuel Lozano definían las asignaciones contractuales sin informar a los consejos de administración ni a los responsables jurídicos de cada una de las instancias.

Bernardo Fernández concedió un contrato a una de las filiales del Grupo Kosmos, empresa con la cual tiene participación accionaria de 50 por ciento en una de sus compañías asociadas, identificada como RX Health, de acuerdo con las averiguaciones.

En el caso de Diconsa, las investigaciones ahora están concentradas en la producción, compra, transporte y almacenamiento de granos, ya que en muchos casos no se ha podido acreditar la entrega de productos.

En torno a esa empresa surgieron cuatro empresas fachada a través de las cuales se simuló la adquisición de bienes por 700 millones de pesos relacionados con la compra y dotación de costales, insecticidas y hasta cubrebocas. Estas compañías fueron identificadas como Gentsai Hon, Fruverloz, Soluservicios Globales NXK, Properloz, Professional Bright XRW y Denoter.

La FGR indaga los reportes de afectación con base en las 39 denuncias presentadas y que están en manos de la Femdo.

Las irregularidades detectadas en Liconsa ascienden a mil 942 millones 904 mil 70 pesos; en Diconsa, a mil 826 millones 902 mil 238 pesos, y en Segalmex, a 9 mil 36 millones 845 mil 576 pesos.

Seguridad Alimentaria fue creada en enero de 2019 y su primer titular, Ignacio Ovalle, fue relevado a principios de este año tras documentarse el desvío de recursos en el organismo. Foto Cuartoscuro

Los lácteos

En lo relacionado con productos lácteos, las investigaciones refieren que una de las grandes empresas que resultaron beneficiadas –aunque no con la asignación de contratos– fue Grupo Lucero, a través de sus compañías Paralelo 60, Paralelo 80, Carrusel 99 y Rancho Lucero, propiedad de Felipe Santiago López Negrete Murra.

Rancho Lucero y sus empresas escindidas fueron subcontratadas a través de empresas a las cuales se dotó de contratos millonarios, como es el caso de Grupo Vicente Suárez, por casi 4 mil millones de pesos. La empresa fue fundada por Alejandro Puente Córdoba, ex director de una empresa arrendadora de aeronaves y ex presidente del Consejo Ciudadano de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Puente Córdoba estuvo presente en diciembre de 2019 en una ceremonia en la que se anunció la construcción de una planta deshidratadora de leche en Zacatecas en sociedad con Segalmex y allí se le señaló como inversionista del proyecto; ha negado que siga como accionista de esa compañía desde enero de ese mismo año. La planta no se construyó.

Al Grupo Vicente Suárez se le permitió subcontratar cien por ciento de las operaciones, ya que transformó su objeto social para poder ser beneficiario de las adjudicaciones, y con ese fin adquirió todos los productos con Rancho Lucero y la compañía Loneg, otra subsidiaria de Grupo Lucero, cuya planta se localiza en Durango.

Asimismo, en Diconsa, donde está reconocida como una pequeña empresa, recibió un contrato por 174 millones 881 mil pesos, para prestar el servicio de transporte de fruta.

Rancho Lucero –que obtuvo directamente contratos para servicios de compra, secado y procesamiento de leche y de los cuales recibió en pago por 348 millones 129 mil pesos– también se convirtió en la empresa que garantizó a otras compañías el cumplimiento de contratos millonarios que habían sido asignados a empresas que no cumplían los requerimientos, como Agua Embotellada Monterrey, Distribuidora Mexicana Agronómica, MPS Magament, Comarket y Grupo AS2.

Estas últimas subcontrataron a empresas como la misma Loneg o bien simularon aportar producto para cumplir con lo estipulado por Segalmex o Liconsa, mediante la subcontratación de las compañías Industrializador de Alimentos Mexicanos, Beta Santa Mónica, Agrícola Ganadera La Estancia, Firma de Lagos y Comarket.

Un caso considerado especial se relaciona con la empresa Industrias Lácteas Asturianas (Ilas México), a la cual se le investiga por haber incumplido los contratos con Segalmex, ya que se le otorgaron adjudicaciones directas por un monto de 387 millones 77 mil pesos, pero únicamente se le pagaron 174 millones 154 mil pesos debido a las irregularidades detectadas.

A los funcionarios de Segalmex y a esta compañía la Femdo y la ASF los investiga porque en los acuerdos de compra se estipulaba que no se podía importar leche en polvo, pues el objetivo de estos programas es impulsar el desarrollo de los pequeños y medianos productores, pero Ilas ha adquirido cientos de toneladas de este producto en diversas naciones, entre ellas España, y las ha entregado para su distribución en territorio nacional, señalaron funcionarios federales y ministeriales.