Nueva York. Los abogados de Genaro García Luna solicitaron que la fecha del inicio del juicio contra su cliente sea aplazada hasta el 9 de enero, pues por el volumen del material y la complejidad del caso necesitan más tiempo para preparar la defensa.

Por ahora, el juicio está programado para el 24 de octubre, pero el juez federal Brian Cogan indicó ayer en una audiencia de preparación que no estaría sorprendido si eventualmente se postergara hasta enero.

En la audiencia por teleconferencia entre las partes y el juez, con la presencia de García Luna (con una traductora), el abogado defensor César de Castro señaló que la preparación del caso implica evaluar un enorme volumen de materiales presentados como evidencia por la fiscalía y por ello pidió que el juez contemplara posponer el inicio del juicio.

Los fiscales expresaron preocupación de que el aplazamiento implique que algunos testigos sean más renuentes a presentarse, insinuando que podría haber esfuerzos para desalentar su participación. El juez Cogan indicó que si hay evidencia de tales esfuerzos, espera que los fiscales le informen más sobre el asunto, pero si no existe y si los testigos se han mantenido dispuestos hasta ahora, no creo que prolongar la fecha cambie eso, argumentó.

Fecha ya programada

El juez del Tribunal Federal del Distrito del Este encargado del caso contra el ex secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón concluyó la audiencia afirmando que por ahora se procede con la misma fecha ya programada para comenzar el juicio.

Propuso un calendario para el proceso de selección del jurado, que empezará a partir de septiembre y culminará el 24 de octubre con la elección final.

Sin embargo, al concluir la audiencia reiteró que no descarta que el inicio del juicio se postergue para enero. El juez emitirá su decisión sobre el asunto después de recibir más información, que incluye cálculos del volumen final de la evidencia que están preparando los fiscales.

García Luna, quien fue arrestado en Dallas y trasladado a Nueva York en diciembre de 2019, enfrenta cargos de que entre 2001 y 2012, cuando ocupaba primero la dirección de la Agencia Federal de Investigación y luego como secretario de Seguridad Pública, brindó asistencia al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos por decenas de millones de dólares.