Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) imputó los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad, todos culposos, a siete ex funcionarios del gobierno capitalino, entre ellos el ex director del Proyecto Metro Enrique Horcasitas, y un representante de las empresas Lumbreras y Túneles (Lytsa) e Ingeniería, Asesoría y Consultoría (Iacsa), Fernando Amezcua, por el colapso de la línea 12 del Metro.

En la audiencia inicial, el asesor jurídico de las víctimas, Antonio López Mendoza, indicó que solicitarán la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pues al estar imputados habría el riesgo de fuga.

El abogado de cinco de los acusados, Gabriel Regino, apuntó a su vez que solicitarán la duplicidad del término constitucional para que se defina la situación jurídica de sus representados.

Los otros imputados son Juan Antonio Giral y Moisés Guerrero Ponce, ambos ex directores de Construcción de Obras Civiles y de Diseño y Obras Civiles de Proyecto Metro.

Así como Enrique Baker Díaz, subdirector de Estructuras e Ingeniería; Ricardo Pérez Ruiz, encargado de estructuras; Juan Carlos Alvarado, residente de obra adscrito al proyecto de la línea 12; Fernando Ramiro Lalana, auxiliar de la administración pública como director responsable de obra para la construcción de la línea 12.

En el sexto intento para realizar la audiencia inicial, el juez de control, José Luis Palacios, informó que el 17 de agosto se definirá la situación jurídica de otros dos mencionados: Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, ex director responsable de obra de la línea 12, y Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de Obra Civil del Proyecto Metro, quienes están contagiados de covid.

Mientras, la audiencia para presentar más actos de investigación y pruebas, a fin de que se presente la ex directora del Metro Florencia Serranía en el Reclusorio Sur, se difirió del 15 de julio al 25 de agosto, denunció el abogado de 13 de las víctimas, Teófilo Benítez, al comentar que uno de sus representados, Enrique Bonilla, fue retirado de la sala por no estar en la lista de afectados directos.

El penalista Gabriel Regino afirmó que la imputación es una consigna política para que no se tenga que investigar la falta de inspección y de mantenimiento en la línea 12, que de haberse realizado habrían evitado la tragedia que enluta a 26 hogares, y se deje fuera a las empresas ICA y Carso.

Horas antes de que concluyera la audiencia, la cual hasta el cierre de esta edición continuaba, el ex director del Proyecto Metro reiteró su inocencia y afirmó que siempre actuó con responsabilidad.