Ciudad de México. Para definir con claridad la responsabilidad conjunta entre las distintas instancias de gobierno, establecer la competencia de cada uno y evitar acciones arbitrarias en los casos de desplazamiento forzado interno en el país se requiere, además de una serie de políticas públicas con este objetivo, una ley en la materia, expusieron funcionarios federales y expertos.

Uno de los factores que ha atorado la legislación, dijo Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, es el posible impacto presupuestal. Llamó a cambiar esta visión y consideró que hay recursos suficientes para ejecutarla.

Explicó que además de la violencia, los conflictos territoriales e incluso los efectos por el cambio climático motivan los desplazamientos forzados.

Pero “uno de los más importantes es el derivado de la desigualdad, porque siendo la pobreza y la marginación la principal causa de desplazamiento forzado interno de nuestro país, independientemente de las acciones que en materia de procuración de justicia y de garantía de seguridad tiene que hacerse en muchas áreas del territorio nacional, donde lamentablemente la presencia de grupos delictivos en muchos casos no solamente han desplazado a la propia autoridad, sino que imponen reglas en la autoridad y hasta en la propia elección de quienes son los gobernantes en los municipios”.

Durante la presentación del libro “Desplazamiento Forzado Interno en México: del reconocimiento a los desafíos”, en el complejo cultural de Los Pinos, apuntaron que durante sexenios se trató de invisibilizar estos casos.

En el acto, encabezado por parte de la Secretaría de Gobernación por el subsecretario Encinas, junto con Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, y Rocío González, Jefa de la Unidad de Política Migratoria, se detalló que por ello se trata de un fenómeno sobre el que no hay cifras precisas.

El referente más cercano es la estadística de 262 mil 411 personas que migraron internamente por inseguridad delictiva o violencia, esto de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

En su intervención, Josep Herreros, Representante asistente para protección de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), sostuvo que el “desplazamiento forzado interno es una realidad que golpea a miles de personas en México, pero que fue olvidado por gobiernos anteriores”. Ponderó el reconocimiento del actual gobierno de la problemática como un paso importante, pero insistió que entre los retos en el país se encuentra la necesidad de un marco jurídico.

Edgar Corzo Sosa, experto en Derechos Humanos, propuso que la legislación sea parte de una reforma constitucional, y que en la norma general se defina con claridad las competencias de cada autoridad para que no haya una intervención arbitraria.

México ocupa el segundo lugar en América Latina con mayor número de víctimas de este problema, indicó Andrés Ramírez Silva. Mientras que González Higuera anunció que la relatora Especial sobre Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jimenez-Damary, aceptó la invitación del Gobierno de México para hacer una visita oficial a finales de agosto.