Quito. El gobierno de Ecuador y la mayor organización indígena del país iniciaron el miércoles un diálogo que durará 90 días y que busca acuerdos en torno a una agenda de 10 demandas sociales que motivaron una reciente huelga que paralizó al país.

Las conversaciones arrancan en medio de la tensión que generaron las declaraciones desde el sector gobierno sobre el supuesto financiamiento de las marchas indígenas con dinero del narcotráfico y la participación violenta de guardias indígenas entrenadas.

“No estamos para poner atención en las mentiras”, aseguró el miércoles Eustaquio Tuala, presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), una de las tres secciones de estas organizaciones.

“La FEINE no tiene vinculación con el narcotráfico… en las comunidades indígenas estos temas ni siquiera manejamos”, manifestó el dirigente en declaraciones a radio Sonorama y aseguró que durante la huelga de más de dos semanas subsistieron con la “solidaridad” de la gente que les entregaba comida. “No hemos tenido lujos esos días en la capital… ni un solo centavo que (nos) haya ayudado alguien”, acotó.

La primera jornada abordará dos temas álgidos: el subsidio a los combustibles y la banca pública y privada. La metodología establecida para el desarrollo de las conversaciones indica que cada mesa temática durará tres días, pudiendo extenderse por dos más.

El reto será convocar a los expertos que contribuyan a definir “cuál alternativa o qué método tiene que servir para focalizar a la gente que realmente necesita el subsidio” al combustible, afirmó Tuala.

La principal demanda durante las movilizaciones indígenas fue la reducción del precio de los combustibles en un rango de 45 centavos de dólar por galón de la gasolina extra y diésel. Sin embargo, el gobierno aceptó reducir en 15 centavos el galón y avanzar hacia la focalización de los subsidios para quienes más los necesitan.

El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, afirmó en declaraciones a la prensa que la propuesta con la que el gobierno se presentará a los diálogos será “el orden con enfoque social”. “Lo que se trata es de que la plata le llegue a la gente y pueda sentir como esa plata circula”, dijo. En Ecuador los recursos son escasos pero se priorizarán la inversión en educación, vivienda social y salud, añadió.

El ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, dijo al canal Teleamazonas que “lo importante es llegar a un acuerdo… favoreciendo a los pequeños productores que son los más complicados en la cadena de producción”.

Para el analista económico Vicente Albornoz se requerirá de una “gran dosis de creatividad” para alcanzar un mecanismo de focalización de los subsidios que no implique un aumento de los mismos y la generación de “mercados negros”.

En declaraciones a The Associated Press, Albornoz se mostró pesimista pues consideró “muy complejo” diseñar un sistema “que sea eficiente, que no le cueste dinero adicional al gobierno y que llegue a los que tiene que llegar”.

Aseguró que actualmente el Estado destina 500 millones de dólares aproximadamente para cubrir el subsidio a los combustibles, un modelo que presenta problemas, dijo, porque “primero llegan a los ricos y no a los pobres, segundo benefician a los contrabandistas que se llevan (el combustible) a Colombia y Perú… es la peor política que puede haber”.

El experto reconoció que una eliminación del subsidio en estos momentos es “utópica” pues representaría un incremento del precio para la mayoría de los ecuatorianos.