Ciudad de México. Un juez federal en materia de competencia económica le concedió la suspensión definitiva a una empresa proveedora de gas que impugnó el acuerdo A/024/2021 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que establece la regulación de precios máximos del gas LP.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, le concedió la medida cautelar a la compañía luego de que el pasado 4 de abril aceptó a trámite el recurso de amparo.

Además, el promovente señaló que la medida de las autoridades viola los artículos constitucionales 14 y 16, 28 y 33.

“Se concede la suspensión definitiva, notifíquese; por lista a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación, y por oficio a la autoridad responsable”, señala el fallo del juez Rodrigo de la Peza quien no publicó el expediente.

La empresa rebatió el cumplimiento a la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la Secretaría de Energía (Sener), con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de julio de 2021 y su ejecución a través de las tablas de precios máximos publicadas en la página electrónica de dicha autoridad.

Sin embargo, la Secretaría de Energía (Sener), por conducto de Wolgfang Javier Aceves Zavala, en su carácter de director de lo Contencioso adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos interpuso un recurso de queja en contra del auto del 8 de abril de 2022 en el que se determinó admitir a trámite la demanda de amparo.

El caso se turnó a un tribunal colegiado en la materia quien en los próximos días determinará si afirma, modifica o revoca el fallo del juez federal de primera instancia.

Cabe recordar que, a finales del año pasado, otro juez en la materia, negó la suspensión definitiva a seis empresas gaseras que impugnaron el acuerdo A/024/2021. En aquella ocasión el impartidor de justicia argumentó que de conceder la medida cautelar se seguiría el perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, debido a que se permitiría el alza de precios en relación con un artículo de primera necesidad o de consumo necesario, como el gas licuado de petróleo, el cual constituye un insumo indispensable para la vida de las y los mexicanos.