Naucalpan, Méx. El Consejo Coordinador Empresarial (CCEM) alertó sobre el elevado índice de impunidad que alcanza el 96.9 por ciento en el Estado de México, por lo que urgió entre en operación la policía municipal y estatal en investigación y persecución del delito, pues desde el año 2008 tienen facultades legales para integrar carpetas de investigación en casos de delitos no graves.
La presidenta del CCEM, Laura González Hernández, indicó que, en reciente mesa de trabajo, el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) del gobierno estatal, difundió cifras oficiales del alto grado de impunidad existente en la entidad mexiquense y que dicha institución, documenta el plan para impulsar a policías estatales y municipales en su participación de carpetas de investigación en delitos no graves.
Planteó que desde el 2008 la reforma al artículo 21 Constitucional y reforzado en el año 2014, por adecuaciones, a los artículos 132 y 221 del Código Nacional del Código de Procedimientos penales, “ya es obligación” de las policías iniciar carpetas de investigación en delitos no graves.
“Es decir, con tales reformas, al Ministerio Público se le eliminó la fe pública y la exclusividad de investigación, por lo que ahora las policías, las no ministeriales, pueden recibir denuncias de delitos e iniciar la investigación dando aviso al Ministerio Público quien tiene la condición jurídica de la misma”, explicó Laura González en conferencia de prensa virtual.
La empresaria insistió que al momento los Ministerios Públicos enfrentan saturación de trabajo y en ocasiones ni siquiera inician las investigaciones por la pesada suma de expedientes, en tanto, la sociedad civil vive y percibe la falta de aplicación de la ley e impartición de justicia.
Insistió que son varios los factores que inciden en la elevada impunidad, pero la saturación de expedientes en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) limitan el éxito de las investigaciones y que estas concluyan en sentencias para quienes cometen delitos.
Laura González planteó que IAPEM dio a conocer que en el Estado de México sólo 7 de cada 100 delitos se denuncian ante el Ministerio Público, por debajo de la media nacional que es del 10 por ciento, pero de cualquier forma no son cifras alentadoras.
Agregó que, con base a datos del 2020 del INEGI -los más recientes en materia de procuración e impartición de justicia-, en ese año, el Ministerio Público inició 343 mil 775 carpetas abiertas y averiguaciones previas; pero en ese lapso fueron emitidas 16 mil 942 sentencias, “es decir, que solo el 4.92 por ciento”.
La problemática, dijo la empresaria, radica en que se tienen fiscalías asfixiadas por el número de carpetas de investigación, la falta de recursos materiales y humanos para desahogar las tareas de investigación, en ocasiones, por delitos no graves que se pueden atender con acciones de mediación o acuerdos de reparación de daños.
Por ello, insistió en que es necesario que las instituciones introduzcan de manera integral y eficiente la reforma policial y el sistema de justicia cívica sobre todo para delitos menores y con esto se pueda hacer frente a la impunidad, desafíos y demandas ciudadanas actuales, de lo contrario sectores como el empresarial seguirán migrando frente a la falta de certeza jurídica para anclar nuevas inversiones.