Guadalajara, Jal. Los ejidatarios de San Isidro, municipio de San Gabriel, ganaron una larga batalla legal a Amway-Nutrilite, luego de que autoridades federales ordenaron a esa empresa estadunidense restituirles 280 hectáreas de un total de 536 de las que son propietarios desde el 23 de agosto de 1939, por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Además, los labriegos lograron demostrar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que esta compañía, que cultiva hortalizas en invernaderos como parte de la floreciente agroindustria trasnacional asentada en Jalisco, violó los derechos humanos de los campesinos a la propiedad, el agua, la dignidad, el disfrute del agua de lluvia, el libre tránsito y el territorio.

Desde principios de este mes, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) inició el deslinde de ese territorio ubicado en la antigua hacienda El Petacal, en el sur de la entidad –que el escritor Juan Rulfo plasmó en El llano en llamas y en Pedro Páramo–, con lo que finalmente el ejido contará con las 536 hectáreas.

Evangelina Robles, de la comisión de enlace del ejido San Isidro, anticipó que tras la reintegración de esas tierras existe un proyecto para el cultivo del maíz, ampliando una red en defensa del campo que en años recientes ha logrado desarrollar en El Limón, el primer municipio agroecológico en el país.

San Isidro es un proyecto de vida frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad en la región y la agroindustria depredadora. La idea es hacer de este espacio recuperado una parcela colectiva, una restauración ambiental de las áreas de arroyos, explicó.

Adelantó que se hará un diagnóstico del espacio para definir áreas de restauración de flora y fauna, se levantará un centro poblacional y sembrarán parcelas; será una propuesta alternativa frente a la agroindustria, subrayó.

La restitución de predios a los ejidatarios de San Isidro es la tercera ordenada por autoridades federales.

La primera fue en 1993, la segunda, en 1998 y finalmente la Sedatu dictó, en abril pasado, la ejecución complementaria de la resolución presidencial, la cual comenzó a ejecutarse el 30 de junio y aún continúa con el deslinde de los terrenos y el establecimiento de las mojoneras, entre otros trámites legales.

En el acto de restitución, al que acudieron funcionarios de dicha dependencia federal y representantes del comisariado ejidal, la abogada Carmen Figueroa recordó que tras la resolución presidencial de 1939, un año después los ejidatarios sólo recibieron 256 hectáreas.

Les dijeron entonces que las 280 restantes –correspondientes a la hacienda El Petacal– habían sido entregadas a la ampliación de varios núcleos agrarios en la región, dejando trunco el decreto, lo que dio pie al inicio de la larga lucha legal de los ejidatarios de San Isidro.

Tras una serie de traspasos y ventas apócrifas de las tierras, en 1994 fueron vendidas a Nutrilite, filial de Amway, empresa de la familia DeVos, a la que pertenece Betsy DeVos, quien fue secretaria de Educación en el gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, la resistencia jurídica de los campesinos logró que e tipificara como despojo lo ocurrido y la abogada Figueroa pidió en 2017 la intervención de la ONU, lo que fue definitivo para la reintegración del territorio a sus legítimos dueños. Los labriegos lograron comprobare en la ONU que Amway-Nutrilite violó sus derechos humanos.

Desde 2012, el Tribunal Permanente de los Pueblos recibió y aprobó en audiencia pública la denuncia de las afectaciones medioambientales de la multinacional por sus invernaderos en El Petacal, incluidos daños a la salud con casos de cáncer, insuficiencia renal, agua contaminada y deficiente crecimiento de los niños.

Durante el acto de recepción de los predios, presidido por la Sedatu, Raúl de la Cruz, presidente del comisariado del ejido San Isidro, se congratuló de que después de cuatro generaciones se haya recuperado el territorio despojado y se dupliquen las hectáreas que tendrán, como debió ocurrir hace 83 años.

Durante ese periodo, ante la situación de pobreza que prevalece en el campo mexicano, muchos de los legítimos dueños del territorio tuvieron que trabajar de jornaleros.