Ciudad de México. Falleció el ex presidente Luis Echeverría Álvarez (1922-2022), quien gobernó de 1970 a 1976 y se le señaló como uno de los responsables de las masacres de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y del 10 de junio de 1971 en calles de la Ciudad de México.

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Personas cercanas a la familia del ex mandatario confirmaron el deceso ocurrido esta madrugada. El funeral se realizará en la agencia Gayosso de Santa Fe, en Cuajimalpa.

Echeverría fue investigado y llevado a juicio por genocidio en el caso de 1968, con base en la acusación integrada por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), pero el caso concluyó judicialmente en 2009. 

El 27 de marzo de 2009, el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la revocación de la prisión domiciliaria a la que estuvo sujeto el ex presidente y ordenó su liberación con “las reservas de ley”, por lo que el caso de genocidio, que por ley no tiene prescripción, se mantiene vivo.

La acusación de la Femospp señaló que Echeverría "fue el concebidor y preparador que de manera intencional, pues con conocimiento de causa, en su calidad de secretario de Gobernación durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, en compañía de otros altos funcionarios -tales como el Secretario de la Defensa, el Jefe del Estado Mayor Presidencial, el Director de Seguridad Pública, el Subdirector y Delegado Supernumerario de esa dependencia y el propio Presidente de la República-, fraguó un plan para destruir de manera parcial al grupo nacional opositor al gobierno denominado Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por estudiantes y simpatizantes del movimiento estudiantil de 1968".

El ex presidente Luis Echeverría. Foto José Carlo González

Las documentales públicas, libros, revistas y periódicos que ofreció como prueba la Femospp para demostrar que la matanza de estudiantes ocurrida hace 54 años fue un acto genocida, permitieron al impartidor de justicia considerar que el origen del conflicto de esa época comenzó el 22 de julio de 1968, "cuando en la plaza de la Ciudadela de México se da una riña entre alumnos de la preparatoria particular Isaac Ochoterena y las vocacionales dos y cinco del Instituto Politécnico Nacional (IPN)”.

La resolución judicial del caso de 1968 mencionó que la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo demostrar que Echeverría Álvarez, entonces secretario de Gobernación, fuera presunto responsable de los hechos de 1968 o tan siquiera cómplice de su entonces jefe, el presidente de la República en turno, pues si bien había en su contra al menos 10 denuncias de víctimas del acto genocida, “sólo se trató de apreciaciones personales y subjetivas de los dicentes, pero no se presentó una sola documental que demostrara que Gustavo Díaz Ordaz le hubiera dado instrucciones al indiciado (Luis Echeverría) para exterminar el movimiento estudiantil”

Lo que sí está comprobado, señalan las dos resoluciones, es que con las pruebas aportadas por la autoridad ministerial, entre ellas el video denominado Operación Galeana, “se concluye que había la intención del presidente de la República de exterminar al grupo estudiantil. Lo anterior se robustece en una parte del Informe de gobierno pronunciado por Díaz Ordaz, en la que expresa: ‘asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado’ (1968)”.

El 10 de junio

Sobre el caso de 1971, una decisión judicial de 2005 puso fin a cualquier posibilidad de procesar penalmente en México a los responsables intelectuales y materiales de la matanza del 10 de junio en la avenida San Cosme y calles aledañas.

En el Archivo General de la Nación se resguardan documentos que acreditan que el entonces coronel Manuel Díaz Escobar fue enviado en 1966 al Departamento del Distrito Federal por orden del entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. En el gobierno de la capital, el militar creó Los Halcones, grupo paramilitar financiado desde el gobierno central. 

En septiembre de 2005, integrantes del Comité 68 Prolibertades Democráticas presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington contra la impunidad que advertían en la investigación del caso en México.

Acusaron al Estado mexicano de negar sistemáticamente justicia en el caso del 10 de junio de 1971, perpetrado por el grupo paramilitar Los Halcones, quienes masacraron a los participantes en una manifestación estudiantil pacífica.