Ciudad de México. El gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, inició un nuevo juicio de amparo contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Un juez de distrito aceptó a trámite el recurso y dio un plazo de 15 días a las autoridades responsables para que rindan un informe justificado respecto a los actos reclamados contando a partir de aquél en que reciban la notificación, en caso de no hacerlo, se les apercibió de que serán acreedores a una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El impartidor de justicia fijó el próximo 1° de agosto para llevar a cabo la audiencia constitucional donde resolverá si le concede la protección de la justicia federal.

El panista promovió la demanda el pasado 1° de julio y señaló como autoridad responsable al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.

En mayo el año pasado, la UIF congeló tres cuentas que el panista abrió en sucursales de BBVA Bancomer, Banregio y Banorte, al sostener que el aseguramiento derivó de una investigación internacional por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No obstante, en abril de este año, el Segundo Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas le concedió la suspensión definitiva al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ordenaba a la UIF, descongelar sus cuentas bancarias, a fin de que pueda realizar operaciones financieras y disponer de sus recursos.

El colegiado señaló en ese entonces que la UIF no había aportado documentación que soportara la existencia de una petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas, emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales que, acorde con algún tratado bilateral o multilateral, contara con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole.

Los magistrados revocaron el fallo del Juzgado Séptimo de Distrito del Decimonoveno Circuito, quien en julio del año pasado le negó la medida cautelar, al argumentar que la UIF acreditó que el bloqueo derivó de una solicitud que realizó el 4 de mayo del año pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.