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Activistas piden cese a criminalización de sacerdote de Chiapas

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Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tsotsil contra quien la fiscalía de Chiapas solicitó a un juez librar una orden de aprehensión por la desaparición de varias personas en el municipio de Pantelhó el año pasado.Foto Elio Henríquez
06 de julio de 2022 19:33

Chilpancingo, Gro. El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”, con sede en el municipio nahua de Chilapa, en la Montaña Alta de Guerrero, demandó que cese la campaña de criminalización en contra del sacerdote Marcelo Pérez, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En un comunicado de prensa exigió también “que se garantice la vida y la integridad física de nuestro hermano, el padre Marcelo Pérez, y no continúen los ataques contra de sacerdotes, defensores derechos humanos, y periodistas”.

Después del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, y Joaquín César Mora en la comunidad indígena rarámuri de Cerocahui en la sierra de Chihuahua “ahora se tiene el fundado temor por la posible desaparición o asesinato del padre Marcelo Pérez, como lo han denunciado el Centro de derechos humanos fray Bartolomé de las Casas; La Comisión de apoyo a la reconciliación comunitaria (Coreco); La Red nacional de organismos civiles de derechos humanos todos los derechos para todas y todos(Red-tdt) y la Red iglesias y minería”.

Las organizaciones, agregó el comunicado “mencionaron una serie de acciones “legales” por parte de la Fiscalía del estado de Chiapas, que le ha obsequiado una orden de aprehensión como parte de la criminalización y judicialización de su apoyo a la lucha por los derechos humanos de la población indígena”.

El Centro Morelos, señaló que en Guerrero se desató “una campaña de descrédito amenazas y agresiones en contra de integrantes del Centro Morelos hasta obligarlos a salir del estado; tampoco es comprensible que periodistas que se distinguían por ser críticos ante las acciones gubernamentales violatorias a los derechos humanos, y a su posible vínculo con el crimen organizado, hoy guarden silencio, sin duda sometidos por la censura delincuencial o gubernamental”.

También exigimos “que se detenga la campaña nacional de contrainsurgencia en contra de las y los defensores de derechos humanos, periodistas y luchadores sociales y de personas defensoras del medio ambiente”, concluyó el comunicado.

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