Montevideo. Fue postergada este lunes la audiencia de juicio con la cual comenzaba el proceso judicial contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, acusado por la Fiscalía de haber paralizado servicios públicos durante las protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso.

Iza fue detenido en flagrancia la madrugada del 14 de junio, al cierre de la primera jornada de paro indefinido convocado por la Conaie que se extendió durante 18 días, al cabo de los cuales alcanzó un acuerdo con el gobierno. Según la Fiscalía, desde el cargo que ostenta Iza buscaba la suspensión de servicios públicos para endurecer las protestas contra el Ejecutivo.

En la audiencia de juicio de este lunes, la jueza Paola Bedón aceptó un pedido del abogado defensor del líder indígena, Carlos Poveda, para que se le otorgue un plazo de 15 días para recabar medios de prueba. A la salida del juzgado, Poveda dijo que este pedido “no sólo fue una posición de la defensa del procesado, sino compartida“ con la Fiscalía.

Esta decisión de la jueza implica que se declara fallida la instalación de la audiencia y que la Corte Constitucional deba pronunciarse sobre la solicitud presentada por la defensa, para lo cual tiene un plazo de 45 días. Poveda aclaró que este tiempo será utilizado para recabar pruebas.

La realización de la audiencia en Lacarunga, en la provincia de Cotopaxi, fue acompañada por la instalación un fuerte dispositivo policial debido al “plantón de apoyo y solidaridad” convocado por la Conaie para acompañar a su líder.

La Conaie e Iza criticaron el proceso

Más temprano este lunes, la Conaie llamó “al Estado Ecuatoriano, particularmente a las instituciones de justicia, que garanticen el debido proceso y no usen de manera abusiva el derecho penal para perseguir y desalentar la labor de líderes del movimiento indígena, que hoy está criminalizado por ejercer su legítimo derecho a la protesta”.

Por su parte, Iza dijo este lunes antes del comienzo de la audiencia a la agencia de noticias Efe que este es un proceso judicial “viciado” que busca “justificar una mentira“. El líder indígena aseguró que su detención fue una “emboscada” en la cual no se le leyeron sus derechos, lo que implicaría que se declarara inválida. “Me secuestraron (…) todo este proceso está viciado para justificar una mentira, una acción ilegal”, manifestó.