La medida formalmente conocida como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), pero conocida más por su etiqueta de Quédate en México, fue promovida por Trump en 2018 como parte de su ofensiva antimigrante, con la cual obligó a unos 70 mil solicitantes de asilo que llegaban a la frontera a esperar en campamentos de refugiados o en localidades con altos riesgos de seguridad del lado mexicano mientras se evaluaban sus casos, algo que en promedio estaba tardando cinco años.

En su campaña electoral, Biden prometió revertir o suspender varias medidas antimigrantes de Trump, incluyendo Quédate en México, como también frenar la construcción del muro fronterizo, reunir a los hijos separados de sus padres en la frontera y promover una reforma migratoria, incluyendo la legalización de la mayoría de los 11 millones de indocumentados en el país.

Pero gobiernos estatales controlados por republicanos han buscado frenar y descarrilar los intentos del presidente para promover varias de estas iniciativas, incluyendo la de anular el Quédate en México.

Después de que Biden suspendió el programa en su primer día en la Casa Blanca en enero de 2021 y su secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, lo canceló en junio del año pasado, los estados de Texas y Misuri promovieron demandas exitosas ante tribunales para mantener vigente el programa. Pero este jueves, la máxima instancia judicial del país, en una decisión de cinco contra cuatro, emitió el fallo de que el gobierno de Biden tiene el derecho de poner fin al programa.

Sin embargo, la resolución no anula de inmediato el Quédate en México, y aunque define que el gobierno de Biden procedió legalmente para cancelarlo, retorna el caso a un tribunal federal en Texas, que ahora puede evaluar sólo si la cancelación del programa violó algunas leyes administrativas. Por lo tanto, el gobierno de Biden ahora tiene que decidir si usará este triunfo para poner fin de inmediato al MPP o esperar el fallo del tribunal inferior.

Menos de 2 por ciento de los casos procesados con el MPP obtuvieron asilo entre 2019 y 2021, reporta The Texas Tribune.

El MPP fue condenado por defensores de migrantes no sólo porque viola el derecho al asilo, tanto la ley nacional como la internacional, sino porque coloca en peligro a los solicitantes. Human Right First registró más de mil 500 asesinatos, violaciones sexuales y secuestros de migrantes que fueron obligados a esperar en México por el MPP entre enero de 2019 y enero de 2021.

Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas (red de 58 organizaciones lideradas por migrantes latinoamericanos en 18 estados) declaró que este fallo no cambiará la realidad de la noche a la mañana para los más de 70 mil solicitantes de asilo obligados a permanecer en ciudades fronterizas de México donde no están seguras.

Advirtió que aunque la decisión de la Suprema Corte abre la posibilidad de un enfoque más humano y de sentido común para el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, al mismo tiempo continúan los esfuerzos tanto en tribunales y en el Congreso para bloquear un progreso más amplio hacia políticas de migración más humanas y sensatas.

“El fallo de hoy es un primer paso importante hacia poner fin a una política horrenda y racista diseñada para poner a solicitantes de asilo en peligro (…) El gobierno de Biden debe cumplir sus promesas y poner fin a esta política catastrófica tan pronto sea posible”, declaró la abogada Stephanie Álvarez-Jones, del proyecto sobre migración del Southern Poverty Law Center