Ciudad de México. La nueva ley que regula el acceso a armas de fuego en Estados Unidos “no sólo servirá como una herramienta para frenar el tránsito ilegal de armas del norte hacia el sur, sino que también nos ayudará a fortalecer la seguridad de las familias mexicanas y estadunidenses”, afirmó este viernes el embajador del gobierno de Joe Biden en México, Ken Salazar.

El 25 de junio, el mandatario estadounidense firmó la conocida como Ley de Comunidades más Seguras, la primera legislación en más de 30 años que restringe el uso de armas.

Al respecto, el embajador Salazar manifestó que “bajo el Marco Bicentenario Estados Unidos-México para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras adoptado en octubre pasado, reconocemos que la seguridad de nuestros dos países es una responsabilidad compartida. Controlar el tráfico de armas ilegales hacia México es crucial para la seguridad de ambos países, y nuestros esfuerzos ya están dando frutos”.

En una declaración difundida por la Embajada, Salzar aseguró que “el gobierno de los Estados Unidos a todo nivel está enfocado en combatir el tráfico ilegal de armas”.

Señaló que con la nueva ley ahora se puede tipificar al tráfico de armas como un delito federal.

Además, la legislación prohíbe, entre otros puntos, que una persona introduzca de contrabando un arma de fuego o municiones, con la intención de participar o promover una conducta que constituya un delito federal o estatal, o bien, intentar o conspirar para hacerlo dentro o fuera de los Estados Unidos;

Aumenta las penas máximas de prisión por transferencia y posesión ilegal de armas de fuego de 10 a 15 años, y hasta 25 años si se pretende usar un arma de fuego comprada fraudulentamente para cometer un delito federal o estatal.

Incrementa penas para las personas condenadas por compra fraudulenta y tráfico de armas. Una persona “afiliada a una pandilla, cartel, red de crimen organizado, u otra organización de este tipo está sujeta a penas más altas que una persona que no esté afiliada”.

Designa los nuevos delitos de compra fraudulenta y tráfico de armas de fuego como “actividades del crimen organizado” y como una “actividad ilegal especificada” para lavado de dinero.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando a favor de nuestra seguridad compartida a través del Marco Bicentenario, la base de una nueva era en nuestro trabajo conjunto para beneficiar a los pueblos de ambos países”, declaró el diplomático.