Ciudad de México. El presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Nicolás Rosales Pallares, urgió a armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en todo el país, ya que todavía existen 16 entidades que aún no tienen legislación en la materia.

Este llamado, dijo, atiende a integrar lo más pronto posible el derecho humano a la movilidad, sobre todo ante la reciente ratificación del Gobierno Federal, en el sentido de que, en 2024, cuando menos 35 por ciento de toda la energía que se consuma en el país provendrá de fuentes limpias y renovables.

El titular de la AMTM subrayó que el compromiso del Ejecutivo Federal fue el de sumarse a las principales economías del mundo, para alcanzar en 2030 el objetivo de producir 50 por ciento de vehículos de cero emisiones contaminantes.

Ante ello, Nicolás Rosales consideró que el punto de vista de los operadores de transporte público del país debe ser determinante para la armonización de esta Ley, porque pueden influir en temas como la modernización del transporte público, el uso de nuevas tecnologías, la protección del medio ambiente, calidad del servicio y capacitación, entre otros.

Sin ellos, dijo, será muy difícil hacer adecuaciones útiles, ya que la trayectoria que tienen en distintas ciudades y municipios es grande y su experiencia puede sumar en calidad y mejoras para la implementación de esta legislación.

El presidente de la AMTM se refirió de este modo al decálogo de acciones ambientales y transición energética que presentó ante el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, el titular del Ejecutivo Federal, así como al llamado de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, que encabeza Patricia Mercado, para que los congresos locales analicen la viabilidad de legislar y expedir una Ley de Movilidad específica para su estado.

La Ley General de Movilidad, que entró en vigor el 18 de mayo, da un plazo no mayor a 180 días al Congreso de la Unión y las legislaturas estatales para aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia, a fin de armonizarlas.

Nicolás Rosales explicó que la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial obliga a la federación y a los legislativos locales a homologar sus marcos regulatorios, y recordó que a la fecha 16 estados aún no tienen una legislación en esta materia: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

“Necesitamos un trabajo muy claro, donde participen las autoridades del Gobierno Federal, las autoridades de los estados, las autoridades municipales, y no podemos dejar a un lado la participación prioritaria del operador de transporte público, que puede sumar en experiencia, en calidad y en mejoras para la implementación de esta Ley General de Movilidad”, expuso el presidente de la AMTM.

Es necesario, dijo, que las autoridades realicen las adecuaciones a la ley con apoyo de los transportistas, para aprovechar su experiencia, sobre todo en materia del trato directo con la gente y el conocimiento de la realidad que se vive en cada zona.