Ciudad de México. La magistrada Lilia Mónica López Benítez, afirmó que, para consolidar un Estado constitucional y democrático de derecho, la impartición de justicia debe estar cimentada en el respeto de los derechos humanos y en una efectiva separación de poderes.

Este martes se llevó a cabo la sesión solemne donde el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, le entregó la credencial y distintivo como nueva consejera de la Judicatura Federal.

Al respecto, López Benítez señaló que responderá con empeño a los retos de la función. “En mundo de constante transformación, es fundamental la redefinición de lo político y lo social que se materializa en los nuevos paradigmas constitucionales.

“En la historia de la humanidad la transición de la modernidad a la posmodernidad presenta nuevos escenarios. En el Estado mexicano vivimos esos cambios, los nuevos modelos constitucionales en materia de derechos humanos de 2011, representan la inserción del país en la evolución del mundo que plantea para el redimensionamiento del individuo y de las sociedades. Esta renovación enfatiza el reconocimiento de los derechos humanos que constituyen la base de las aspiraciones de una sociedad que está ávida de justicia. La dignidad humana es el cimiento de toda transformación”.

Por ello dijo que como juzgadora y hoy como consejera de la Judicatura Federal “es esta dignidad la que seguirá siendo mi guía en aras de una impartición de justicia acorde con los parámetros constitucionales que promueven, respetan, protegen y garantizan los derechos de todas las personas”.

Reiteró que la impartición de justicia es el punto fundamental “de nuestra misión” para responder al mandato constitucional de una justicia pronta, completa e imparcial bajo una óptica de sensibilidad humana y con perspectivas tendientes a la igualdad sustantiva.

Agregó que tiene vocación por las cusas sociales y desde el Consejo de la Judicatura, aseveró, apoyará a las acciones para que quienes juzgan se comprometan con el interés superior de la niñez, la diversidad sexual, las condiciones de los pueblos y de comunidades indígenas y afromexicanas, de las personas en situación de discapacidad y migrantes, la paridad de género entre otras que orientarán su función desde le órgano de gobierno.

Los tiempos que vivimos exigen priorizar las necesidades de la persona como centro de toda acción del Estado. En esta nueva estructura constitucional no hay cabida para la discriminación, en la trasformación de las sociedades se ha generado una ruptura del esquema patriarcal y con ello el posicionamiento de los derechos de la mujer, esta visión me obliga a continuar los esfuerzos para materializar las prerrogativas que al respecto se reconocen en tratados internacionales y en la constitución federal.

“La igualdad de género es una máxima constitucional y la sociedad espera una justicia que atienda las condiciones estructurales y especificas en que se desarrolla la vida de las mujeres”.