Guadalajara, Jal.- El gobernador Enrique Alfaro y el fiscal estatal Joaquín Méndez Ruiz, negaron que existan retenes de la delincuencia organizada en carreteras de Jalisco, como han asegurado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cardenal Francisco Robles Ortega, pobladores wixaritari del norte del estado y dirigentes empresariales.
“Quiero contestar categóricamente: en el estado de Jalisco no hay ningún tipo de retén de grupos criminales en las carreteras. En este estado está garantizada la libertad de tránsito. El día de ayer, el secretario de Gobierno (Enrique Ibarra) se comunicó con el señor cardenal, a quien le tenemos un profundo respeto. Nos extraña mucho que se haya hecho una declaración mediática y no una denuncia formal en su momento”, dijo el gobernante, emanado del partido Movimiento Ciudadano, pese a las múltiples evidencias en contra.
Alfaro pidió que si tienen alguna denuncia sobre dichos retenes, la hagan por “los canales institucionales” y no a través de los medios de comunicación para evitar generar alarma en la población.
“Creo que es muy importante hablar las cosas con cuidado y sin generar alarma en un asunto que me parece se debe analizar en su justa dimensión. Hoy por la mañana, reconfirmado, no hay presencia de ningún retén, en ninguna carretera de Jalisco”, insistió.
En la misma narrativa del gobernador, el fiscal Méndez Ruiz afirmó que no es necesario tomar medidas extras a las que ya existen porque “no existen denuncias” sobre ese tema.
El domingo, el cardenal José Francisco Robles Ortega dijo que la semana pasada fue detenido dos ocasiones por “retenes del crimen organizado” en la región norte de Jalisco colindante con Zacatecas, misma zona donde también el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, reportó que el viernes durante una gira también fue detenido por un retén de hombres armados que lo dejaron continuar luego de identificarse.
El lunes, dirigentes de organismos empresariales como el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco exigieron mayor seguridad en las carreteras, que se impida el cobro por “derecho de paso” y que se evite la instalación de retenes por parte de sujetos de la delincuencia organizada.
Desde hace meses y ante denuncias de indígenas wixaritari del norte jalisciense, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha pedido a las autoridades federales, estatales y municipales una vigilancia y presencia policial extraordinaria, debido a que grupos de hombres armados instalan retenes, circulan sembrando el terror entre las rancherías, han desaparecido personas y se han presentado múltiples asesinatos.
Con molestia evidente, el gobernador afirmó que si Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDHJ tiene algo que plantear al respecto -a pesar que lo hizo a través de un exhorto formal-, entonces “debería atender los canales institucionales en lugar de hacer declaraciones mediáticas, no tenemos ninguna información al respecto, no hay tal situación”.
Alfaro también desestimó que policías estatales hubieran sido captados en vídeo mientras retiraban fichas y carteles con fotografías de personas desaparecidas, pegados en postes de Guadalajara por familiares, situación que tanto los colectivos de búsqueda como la CEDHJ condenaron por su falta de empatía ante el grave problema de las desapariciones.
“Tampoco es nada grave. Es un asunto que se hizo y que no debe ser y daremos la instrucción de que no vuelva a suceder”, dijo, tras reconocer que esa no es labor policial sino “una función que se hace cotidianamente por las instancias gubernamentales a las que les corresponde garantizar la limpieza de nuestra ciudad”.