Ciudad de México. La Alianza Mexicana de Organizaciones de Residentes solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la judicialización de la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-1C/D/01255/08/2018, por el delito de despojo e invasión del inmueble ubicado en la calle de Belisario Domínguez 43, colonia Centro.
Además de proceder contra Claudia Angélica Morales Reyes y Martín Rebolledo Aguilera, por la invasión del predio, que “pone en riesgo la vida de muchas personas – a quienes les rentan-, por sus intereses mezquinos y negocios ilícitos; y por amenazas de muerte”.
Se le solicitó también “qué sustente y motive el cuidado y protección a estos invasores, de día y noche, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dependencia que informó que dicha orden vino de la Fiscalía”, indicó Lorena García Alonso.
La coordinadora de AMOR explicó que el inmueble, expropiado en 2004, está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con el folio 9533542, siendo el propietario del mismo el Instituto de Vivienda.
Dicha propiedad, le permitió solicitar y obtener el beneficio de condonación al 100 por ciento del impuesto predial, en la administración tributaria de Tezontle, mediante oficio DEAJI/CAJC/SCS/00679/2022 de fecha 17 de mayo de 2022.
La subdirectora de lo consultivo del Invi, Beatriz Guerra Ramos, me informó que este beneficio aplica por única ocasión, por lo que los beneficiarios de los programas sociales del Instituto tendrán la obligación de realizar los pagos subsecuentes, indicó.
El Instituto, sin embargo, “ahora informa que el proceso penal contra esas personas está suspendido hasta acreditar la propiedad del inmueble, lo cual sucederá cuando concluya un juicio de nulidad que interpuso en el año 2020 ante el Tribunal de Justicia Administrativa”.
Su declaración de “revertir la reversión de la expropiación que se dio a favor de María Florentina Prieto de Mata, quien ya está muerta y se le hizo a ella o algún representante el pago por la expropiación, es contradictoria e incongruente”, afirmó García Alonso.
Por ello, solicitamos a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, su inmediata intervención, porque “existe una titularidad registral a favor del Invi sobre el predio -para construir 40 viviendas y cuatro servicios complementarios- y el juicio que lleva ante el TJA no impide que recupere el predio”, manifestó.
