Ciudad de México. México se ubica en el cuarto lugar mundial de países que más agua extraen para diferentes usos, reconoció la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Aunque el sector doméstico apenas ocupa uno por ciento del total, rubros industriales como la minería y la agroindustria utilizan el resto sin restricción. El organismo advirtió que esto es resultado de los malos modelos de gestión y políticas equivocadas que se han establecido.

Cuando dicen que no hay agua, hay que ver para quién. Ahora en Nuevo León ha quedado claro que la tienen acaparada las cerveceras, refresqueras e inmobiliarias, sostiene Nathalie Seguin, de Fan Mex. Hay industrias que desechan aguas residuales con tóxicos y no hay sanciones, las normas se incumplen, se carece de una supervisión adecuada del agua, no hay autoridad con suficientes dientes y hay casos de total impunidad.

“Hay un manejo mediático perverso, se usa el miedo, se dice que no habrá agua y ‘tú ciudadano eres el culpable y tienes que cuidarla’. Pero basta ver los usos del agua y de la que hay disponible, menos de uno por ciento es para consumo humano. Esas campañas mediáticas deberían dirigirse a las empresas.”

La especialista considera que se debe revisar el uso de los títulos del agua, ya que muchos han sido cedidos para un uso distinto al que se otorgó. La agricultura no utiliza 75 por ciento que los datos oficiales señalan, “ya que por más agua que use la agricultura campesina se infiltra, no se pierde el ciclo del agua, pero la agroindustrial sí contamina, así como la industria petrolera, el fracking, la minera, la farmacéutica”.

En 2018 el volumen de agua superficial concesionada fue 7 por ciento mayor que en 2009, en tanto que la subterránea es 15.7 y los usos agrupados de tipo agrícola y abastecimiento público representaban en 2018 un 90.4 por ciento del total concesionado, indican las estadísticas de 2019 de la Conagua.

Seguin agrega que las leyes minera y la de derechos se deben modificar, ya que violentan el derecho humano al agua potable, la industria paga centavos por un litro de agua y se ha permitido, con la excusa de que genera empleos, aunque contamine. En tanto, la Ley de Aguas Nacionales (vigente desde hace casi 30 años) debe sustituirse por una general que regule el derecho humano establecido en la Constitución y que modifique el régimen de concesiones, sostuvo a su vez Miguel Ángel Montoya consultor en la materia.

Agregó que la falta de voluntad política para emitirla ha sido un factor para la crisis actual, al igual que la caída presupuestal de 58 por ciento de la Conagua entre 2014 y 2018, que ocasionó una disminución en los recursos para los organismos operadores de agua.

En entrevista, dijo que la intención del recorte presupuestal desde el sexenio pasado fue con la intención de privatizar el servicio de agua potable, como acaba de pasar en Querétaro, y ante la ausencia de una legislación general que garantice el derecho humano al agua, la salida fácil e inducida que se ha provocado con la falta de recursos es la privatización.

Consideró que Nuevo León es un ejemplo muy bueno de la falta de política del actual gobierno, empresas de la región tienen acceso a agua de calidad, pero la población no y hay una enorme inequidad. Otras zonas con problemas similares son la Laguna, las metropolitanas de Guadalajara, del valle de México y San Luis Potosí.

Por eso, la Ley de Aguas Nacionales no privilegia el acceso y el saneamiento, el orden de prelación de los usos beneficia al agrícola e industrial.