Madrid. Mientras las autoridades marroquíes preparan todo para enterrar sin autopsia, sin la apertura de una investigación judicial y sin que se verifique por parte de expertos independientes la magnitud de la tragedia, desde la Unión Africana (UA) se levantó la voz ante lo que calificó como un “tratamiento violento y degradante”. Lo ocurrido en la madrugada del pasado viernes en la frontera entre Melilla, España, y Nador, Marruecos, sigue teniendo muchas zonas oscuras hasta el punto de que sigue siendo un misterio el número real de fallecidos.

Las imágenes que han ido desvelándose a través de las redes sociales de lo ocurrido en Melilla sigue provocando malestar y consternación, sobre todo al ver el hacinamiento y el trato degradante que sufrieron los cerca de dos mil migrantes subsaharianos, la mayoría procedentes de Sudán del Sur, un país en guerra, que recibieron golpes, pedradas, vejaciones y humillaciones de todo tipo por parte de la policía marroquí.

El presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, expresó su “conmoción y preocupación” por “el trato violento y degradante de los migrantes africanos” en la frontera de Marruecos y España, y pidió “una investigación inmediata sobre este asunto y recordó a todos los países su obligación bajo el derecho internacional de tratar a los migrantes con dignidad y priorizar su seguridad y los derechos humanos, así como abstenerse del uso excesivo de la fuerza”, señaló.

Por eso provocó indignación que unas horas después de la tragedia, la peor en la historia en la frontera entre ambos países, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, elogiara la actuación y asegurara que el “ataque a la integridad territorial de España” se “había resuelto bien”. Hoy mismo, en una entrevista en La Vanguardia, se ratificó en sus palabras, a pesar del malestar que provocó en su propio gobierno, al sostener que “nunca me cansaré de expresar mi apoyo a la Guardia Civil y la Policía. También agradezco la labor de la Gendarmería marroquí. Marruecos combate y también padece esa violencia”.

En la posterior rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra vocera, Isabel Rodríguez, señaló también a “las mafias internacionales” como las responsables de la tragedia e impidió que la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la coalición de izquierdas Unidas Podemos (UP), respondiera a las preguntas sobre la crisis migratoria, mientras ella se limitó a asumir con la cabeza abajo esa directriz y guardó silencio sobre el drama.

Desde la sociedad civil, alrededor de 50 organizaciones de defensa de los derechos humanos que trabajan en la zona fronteriza emitieron un comunicado conjunto en el que advierten que “los muertos y los cientos de heridos tanto del lado de los migrantes como de las fuerzas policiales marroquíes son el símbolo trágico de las políticas europeas de externalización de las fronteras de la Unión Europea (UE), con la complicidad de un país del Sur, Marruecos. La muerte de estos jóvenes africanos en las fronteras de la Fortaleza Europa nos alerta sobre el carácter mortífero de la cooperación en materia de seguridad sobre la migración entre Marruecos y España”.

Estas organizaciones también reconocen que hasta la fecha no se sabe con exactitud del número de fallecidos; el gobierno marroquí sostiene que son 23, mientras que otras organizaciones, como la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos sostiene que son 37 y otras, como Pateras de la Vida, advierte que son 27, y el Colectivo de Caminando sin Fronteras habla de más de 40. Por eso insisten en la urgencia de una investigación judicial independiente y que se realicen las autopsias de los fallecidos para conocer las causas exactas de su muerte.

En su comunicado añaden que “las condiciones de la tragedia de este viernes 24 de junio se vienen sucediendo desde hace varias semanas. Las campañas de detenciones, las redadas en los campamentos y los desplazamientos forzados contra las comunidades migrantes en Nador y su región presagiaban este drama escrito de antemano”. Y advierten que desde hace más de un año y medio, los migrantes de Nador no tienen acceso a medicamentos ni atención sanitaria, sus campamentos han sido incendiados y sus bienes saqueados, sus escasos alimentos destruidos e incluso se ha confiscado la poca agua potable de la que disponen en los campamentos.

Helena Maleno, vocera de Caminando Fronteras, añadió por su parte que su organización está “en contacto con supervivientes que han sido desplazados a otras ciudades, muchos están heridos. Estamos hablando de cientos de personas heridas por cortes o con fracturas que no pueden andar o moverse. Nos cuentan que el enfrentamiento fue muy violento. Hubo un cuerpo a cuerpo muy fuerte. Las redadas violentas han aumentado desde que se firmó el acuerdo entre España y Marruecos. El ir a la valla fue desesperación”.

Y advirtió que “ha habido una violencia terrible contra estas personas. Hubo omisión del deber de socorro, no se colaboró entre los dos países cuando la vida de las personas estaba en riesgo. El gobierno español no ha estado a la altura. Ha habido una escalada de la violencia. La sociedad no puede normalizar lo que ha pasado ahora, si no la violencia seguirá aumentando. Esto se ha convertido en una caza. El nivel de violencia ha crecido como no esperábamos”.