Mexicali, BC. La Fiscalía Especializada en Materia del Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra Eduardo Cota Osuna por delitos cometidos como servidor público durante su gestión en el Registro Agrario Nacional (RAN).

De manera paralela, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició en marzo de 2022 un procedimiento administrativo sancionatorio contra el ex servidor público por conflicto de intereses y abuso de funciones durante su estancia en esta dependencia federal.

Durante 2019, Cota Osuna se ostentó como Comisionado de la delegación del RAN en Baja California, un puesto inexistente, aunque estuvo contratado como coordinador de Mejora Contigua del Programa Nacional de Catastro, por tiempo determinado.

La dependencia federal protocolizó tres contratos temporales entre marzo y diciembre de 2019 con ese encargo, pero Cota Osuna se presentaba como superior de mayor jerarquía en la dependencia federal y daba trato de subordinados a los empleados federales.

Las conductas ilícitas por las que se le investiga están inscritas en los capítulos del título décimo del Código Penal Federal: Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

En esas circunstancias, incurrió en conflicto de intereses y abuso de atribuciones ya que siendo servidor público realizó trámites como ejidatario, en beneficio de siete personas a las que les confirió certificados parcelarios en la zona vitivinícola del Valle de Guadalupe.

Para ello, nunca dio aviso a un superior jerárquico sobre un posible conflicto de intereses como marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Dos de esos certificados parcelarios se lo otorgó a un hombre vinculado al grupo político La Sosa Nostra, acusado de triangular recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a empresas fantasmas, de lo que se conoció como la Estafa Maestra. Este grupo anunció su pretensión de construir un viñedo y una escuela de enología, pero subsiste el proyecto de un restaurante.