Ciudad de México. En el Foro “Hacia un Código Nacional de procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Rafel Espino de la Peña y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado, refrendaron su compromiso para expedir ese cuerpo normativo en el próximo periodo de sesiones, con reglas, plazos, términos y criterios claros para la solución de conflictos cotidianos.

A través de un videomensaje, Monreal dijo que el sistema de justicia civil y familiar es obsoleto, ya no se aplica a la realidad y ante los ojos del ciudadano es “lento, incierto, discriminatorio, sumamente complicado y oneroso", sobre todo para quienes tienen pocas posibilidades de costear un juicio a través de abogados, por ello, la discusión de este ordenamiento, precisó, será uno de los primeros temas que se aborden en el próximo periodo de sesiones, que inicia el primero de septiembre próximo.

Espino de la Peña, a su vez, manifestó que el nuevo código busca superar las dificultades y observar y unificar en un solo instrumento la materia civil y familiar para el país.

Monreal explicó en el foro que se llevó a cabo ayer, en Boca del Río, Veracruz, que se presentó una iniciativa para expedir un Código Nacional que no sólo tome en cuenta los derechos humanos de las personas, es decir, la tutela jurisdiccional efectiva y la seguridad jurídica, sino la aplicación de procedimientos jurídicos ágiles, útiles y honestos, que permitan resolver los conflictos con celeridad para quienes acuden a los tribunales en búsqueda de justicia.

La iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, en diciembre de 2021, ahora se analiza en una serie de foros en los que participan los actores que operarán este nuevo ordenamiento, académicos, especialistas en derecho civil, procesal y familiar, así como investigadores, intelectuales, luchadores sociales y colectivos de mujeres.

A su vez, Espino de la Pela aseveró que actualmente los procedimientos jurídicos son complejos para la ciudadanía; además propician la exclusión y aumentan los costos para quien intenta acudir a los tribunales.

“La gente tiene poca confianza en sus instituciones de justicia y no encuentra incentivos para acudir a ellas, cuando en muchos casos o en la gran mayoría, los resultados no son los esperados”.

La senadora panista, Indira de Jesús Rosales, indicó que este nuevo instrumento legal sustituiría la norma vigente, misma que data de 1943, esto es tiene más de 73 años. De ahí la necesidad y urgencia de tener un ordenamiento actualizado a la realidad y a la vida cotidiana de lo que estamos viviendo, refirió.