Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pendiente la discusión de otorgar un amparo a familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes fueron víctimas de desaparición forzada en mayo de 2007, por parte de elementos del Ejército mexicano.

El recurso es para crear una comisión especial para encontrarlos, se permita el acceso a instalaciones militares para buscarlos y se tomen medidas de reparación integral del daño que sufrieron.

Sin embargo, aunque no se tocó el tema en la primera sala, al finalizar la sesión la ministra Margarita Ríos Farjat, salió de la corte para hablar con Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya y su abogado Sandino Rivero, quienes se ecnontraban afuera del recinto.

Al preguntarle cuál es el compromiso del máximo tribunal en este caso, la ministra respondió: “Los que hay con todos los asuntos de la Corte, estudiar a fondo con la mayor responsabilidad, seriedad y sensibilidad posible”.

Por su parte, Reyes Maldonado, señaló que los ministros harán observaciones al proyecto que ya se había hecho público. “Hemos insistido que para nosotros es importante obtener un buen proyecto, una buena resolución que no sólo beneficie a nuestros familiares sino también que siente presidentes para otros casos”.

Al respecto, el abogado Sandino Rivero dijo que hay observaciones “que nosotros hicimos, porque no especifica modalidades y términos para cumplir las medidas de reparación integral del daño, no se especifica. Consideramos que si estas no se especifican, el secretario de la defensa nacional y la FGR, que son las autoridades que deben cumplir con el amparo, van a omitir cumplir de manera efectiva con la sentencia”.

Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos en el centro de la ciudad de Oaxaca el 24 de mayo de 2007 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Dirección General de Seguridad Pública, así como de la Policía Ministerial y municipal y fueron trasladados en un principio a la sede de la procuraduría estatal, para luego ser llevados al Campo Militar número 1, en la Ciudad de México, y desde entonces se desconoce su paradero.

El proyecto realizado por la ministra Margarita Ríos Farjat propone confirmar la sentencia emitida en 2019 por el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal, quien les concedió la protección de la justicia federal, ordenando que se citara a declarar a todos los militares que estaban en funciones el día de los hechos, que se creara la comisión especial para investigar el caso y se permitiera el acceso de familiares y agentes encargados del caso a las instalaciones de la Sedena, con el fin de cumplir las diligencias necesarias.