Nueva York. Donald Trump y sus cómplices desataron una ofensiva de presión e intimidación -fomentando amenazas de violencia y muerte- contra funcionarios electorales y legisladores estatales y hasta trabajadores electorales para revertir o anular la elección presidencial en un esfuerzo que culminó con el intento de golpe de Estado, declararon testigos y grabaciones ante el Comité Selecto de Investigación sobre el 6 de enero.

El objetivo de la cuarta audiencia pública sobre los eventos que llevaron a la intentona golpista con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 para frenar la certificación del voto presidencial era demostrar, según el presidente del comité Bennie Thompson, que “presionar a servidores públicos a que traicionaran sus juramentos era una parte fundamental del plan” del entonces presidente y sus cómplices para revertir los resultados de la elección.

Ese plan -parte del esfuerzo sin precedente para revertir o anular la elección presidencial a través de más de 60 demandas judiciales, buscar la intervención partidaria del Departamento de Justicia, presionar al vicepresidente a rechazar la certificación el voto y finamente el asalto violento al Capitolio para frenar el proceso- buscaba obtener de manera corrupta un recuento para trasladar el triunfo electoral a Trump, sea en el resultado del voto popular en estados claves o imponiendo nuevas delegaciones de electores para cambiar el voto del Colegio Electoral.

Trump participó directa y personalmente en este esfuerzo. Entre los testigos presenciales ante el Comité este martes estaba el secretario de estado (y por ello encargado de procesos electorales) de Georgia, Brad Raffensperger. El funcionario republicano, quien votó por Trump en dos elecciones, declaró que el demócrata Joe Biden ganó el estado por aproximadamente 12 mil votos, y que ese resultado fue sometido a tres recuentos y otros escrutinios pero que Trump y su campaña insistieron en que hubo graves irregularidades y que ellos habían ganado el estado.

En un último intento para revertir el resultado en ese estado clave, Trump llamó a Raffensperger el 2 de enero de 2021 para pedirle de manera explícita que cambiara el conteo final. En la audiencia se escucharon selecciones de los 67 minutos de esa llamada, en la que el presidente insiste en que Raffensperger “encontrara” los votos necesarios para cambiar el resultado: “Solo quiero que me encuentres 11 mil 780 votos, dame una oportunidad”, se escuchó la voz inconfundible del entonces mandatario. Esa cifra específica le daba a Trump un voto más que Biden en el estado, y con ello el triunfo ahí.

Cuando Raffensperger le respondió que no había otros votos ni pruebas de fraude, Trump lo amenazó indicando que el secretario podría estar cometiendo un delito y después lo denunció públicamente. Como resultado, el funcionario recibió miles de amenazas incesantes contra él y su familia. Igual sucedió con algunos de sus oficiales electorales, incluyendo un empleado que recibió un mensaje afirmando “usted ha cometido traición” junto a una imagen de una horca.

En la audiencia también testificó el presidente de la cámara baja estatal de Arizona, el republicano conservador Rusty Bowers, quien una y otra vez fue presionado directamente por Trump y Rudy Giuliani, abogado personal del presidente, para cambiar el voto contabilizado y certificado en Arizona donde Trump fue derrotado.

Bowers, quien dijo que había votado por Trump, rechazó las versiones del mandatario y su gente de que se había cometido un gran fraude que incluyó decenas de miles de votos de inmigrantes indocumentados y de difuntos. Bowers exigió pruebas que le fueron prometidas pero nunca entregadas. De hecho, en una conversación con Giuliani, recordó Bowers, el estratega del presidente pareció confesar: “tenemos muchas teorías [sobre el fraude], pero no las pruebas”.

Ante las presiones del presidente para cambiar el resultado, Bowers se mantuvo firme: “usted me está pidiendo hacer algo en contra de mi juramento, y no violaré mi juramento a la Constitución”.

Igual que en Georgia y otros estados, la retórica de Trump y sus cómplices de que hubo fraude y cuestionando la lealtad de funcionarios y legisladores estatales de su propio partido que no le daban la razón, desató una ola de amenazas personales en Arizona. Los fanáticos pro Trump pasaron frente a la casa y colonia de Bowers con altoparlantes acusándolo de ser un pedofilo y un corrupto. “El castigo por traición es la muerte”, le advirtió un manifestante.

Durante la audiencia también se ofrecieron fragmentos de video-testimonios de otros funcionarios estatales que fueron sujetos a ataques y amenazas por fanáticos trumpistas en Michigan y Pensilvania, entre otros.

Shaye Moss, una trabajadora electoral local de la región de Atlanta, y su madre, contaron ante el comité que después de que Giuliani y Trump circularon video de ellas trabajando en un centro de conteo, las acusaron por sus nombres de ser parte del esfuerzo del fraude, fueron sujetas a amenazas de muerte y ataques raciales (son afroestadunidenses) llegando a tal nivel que el FBI le aconsejó a la madre de abandonar su hogar por un par de meses.

Ambas contaron que desde entonces tienen miedo de usar sus nombres en lugares públicos y que han vivido casi a escondidas. “No hay ningún lugar en donde me sienta segura… ¿saben cómo se siente ser atacado por el presidente de Estados Unidos?… Me hizo blanco a mi… una pequeña comerciante, una madre, una ciudadana estadunidense orgullosa que se puso de pie para ayudar a que el Condado Fulton realizara una elección en medio de una pandemia”, declaró Ruby Freeman, la madre de Moss.

El diputado demócrata Adam Schiff del comité selecto, indicó que frente a todo esto, la democracia en este país “sobrevivió, pero apenas, y solo gracias al compromiso de estos republicanos y demócratas con sus juramentos constitucionales”.

En la próxima audiencia programada para el jueves, el comité indicó que se enfocará en intentos de Trump y sus socios para “corromper” el Departamento de Justicia con el objetivo de anular la elección.

Como en cada una de las audiencias públicas en que el comité selecto está presentado los resultados de su investigación de casi un año sobre el primer intento en la historia del país para descarrilar el proceso del traslado pacífico del poder ejecutivo, se advirtió que esta democracia sigue bajo amenaza por estas mismas fuerzas anti-constitucionales por ahora encabezadas por el ex presidente.

A la vez se intensifica, con cada audiencia y las presentaciones de evidencia y testimonio en público, la presión para promover una investigación criminal contra el propio Trump y sus principales cómplices. Una nueva encuesta de ABC News/Ipsos registró que un 58 por ciento de los estadunidenses cree que Trump debería ser sujeto a cargos criminales.

“Si Trump logra evadir acusaciones formales… será porque nadie tiene la fortaleza para confrontarlo. Y si eso es así, seremos realmente una república bananera”, opinó James Zirin, ex fiscal federal de Nueva York en The Hill.