Madrid. A sólo tres días de que Iberdrola celebró su junta anual de accionistas, en la que se ratificó la cúpula directiva con Ignacio Sánchez Galán al frente a pesar de sus numerosas imputaciones penales, el juez de Castilla y León, Javier del Blas, resolvió dos cuestiones que afectan a la multinacional energética: confirmó una multa de 11 millones 250 mil euros y ratificó el embargo de bienes por un total de 130 millones de euros contra tres de sus directivos.

El caso pretende demostrar una trama de corrupción político-empresarial en la que se habrían otorgado varias concesiones para construcción de parques eólicos en la que hubo desde sobornos hasta tráfico de influencias y prevaricación.

Iberdrola tiene en España al menos cinco procesos judiciales de calado abiertos en su contra. El más grave es en el que está imputado el propio Sánchez Galán y que se refiere a la contratación de un ex comisario de policía para espiar y coaccionar tanto a empresarios y directivos de las compañías competidoras, como a políticos, periodistas y hasta líderes medioambientales críticos con los megaproyectos de la firma energética, que tiene su sede central en Bilbao.

Pero también hay varios casos de menor impacto público, pero que investigan delitos graves, como la manipulación de los precios de la electricidad mediante el vaciado intencionado de pantanos, la expropiación ilegal de un terreno de más de 510 hectáreas para instalar ahí la mayor planta fotovoltaica de Europa, para la que, según un ayuntamiento de la zona, ni siquiera tenía licencia.

También está el caso que asumió el togado Del Blas, de los tribunales de Castilla y León, para lo que ha contado con varios informes de la Fiscalía y de los departamentos de lucha contra la corrupción de la Guardia Civil. El caso en investigación es la concesión irregular de autorizaciones para edificar parques eólicos en la región, en un lapso que va de 2003 a 2011. Es decir, ocho años durante los cuales Iberdrola se habría saltado la legalidad para conseguir las concesiones públicas y expandir así sus inversiones y proyectos energéticos en la zona.

Del Blas, quien es el responsable de juzgado número cuatro de Valladolid, desestimó recientemente un recurso presentado por los directivos de Iberdrola en el que le solicitaban la anulación de la orden del embargo de bienes por 130 millones de euros. Esta medida afecta a Pedro Barriuso, quien fue el máximo responsable de la división de renovables de Iberdrola, a Rafael Icaza de la Sota, director de control, y a Ricardo Bravo, ejecutivo de Ibercyl, la filial de Iberdrola en Castilla y León.

El caso, que es mucho más amplío al afectar a varios líderes políticos, empresarios y funcionarios, supondría, de confirmarse la hipótesis de la Fiscalía, que en esos ocho años se habrían pagado hasta 80 millones de euros en los sobornos para conseguir las concesiones. En total están siendo investigados cinco funcionarios de alto rango del gobierno autonómico y 11 empresarios, entre ellos los tres directivos de Iberdrola, a los que se señala como los principales inductores de la trama.

Iberdrola guarda silencio sobre el caso, de hecho no se ha pronunciado sobre la petición de ayuda económica de uno de los imputados, Icaza, que todavía trabaja en la empresa, para cubrir los fondos que reclama la justicia. Lo único que sí figura en sus informes oficiales es que en su reporte anual ya contempla pagar la sanción económica impuesta por el magistrado de 11.25 millones de euros.