Ciudad de México. A seis años de presentarse la denuncia por invasión del inmueble de Belisario Domínguez 43, colonia Centro, por Claudia Morales y Martín Rebolledo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) “no ha judicializado la carpeta de investigación y ha permitido que estas personas lo renten, cuando es una propiedad del Instituto de Vivienda”.  

En una manifestación en las instalaciones de la FGJ-CDMX, la coordinadora de la Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes, Lorena García, denunció que fue “amenazada de muerte por estas personas, que son gente de Dolores Padierna y René Bejarano”.  

La “protección” de las autoridades capitalinas ha permitido a esas personas “aprovecharse de la necesidad de alrededor de 100 personas de bajos recursos, quienes les pagan una renta por contar con un techo para vivir y/o guardar sus diablitos y mercancía”.  

Dicho inmueble fue expropiado desde 2004 por daños estructurales y a pesar de que “el Invi es el dueño, no ha buscado recuperar el inmueble, en perjuicio de 38 familias que salieron del lugar para que les construyeran una vivienda de interés social y pagarla”, dijo.  

Acompañada de más de 150 personas exigió a la titular de la Fiscalía Ernestina Godoy atienda las carpetas iniciadas en contra de Morales y Rebolledo, por delitos como invasión de predios, extorsión, amenazas de muerte y usurpación de funciones. 

Este último es porque Rebolledo “se hace pasar como policía de investigación y eso le ha permitido hasta contar con vigilancia de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana las 24 horas del día”, señaló. 

Solicitó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se “deje de proteger a Dolores Padierna y René Bejarano, quienes bajo el manto protector del partido Morena, se apropian ilegalmente de terrenos para beneficio propios y de agrupaciones afines a ellos”. 

La pérdida de la alcaldía Cuauhtémoc, en las pasadas elecciones “ha provocado que Padierna Luna busque apoderarse de inmuebles para seguir incrementando sus ganancias y para ello cuenta con el apoyo de funcionarios del Invi”. 

Además “de gente de las secretarías de Finanzas y Seguridad Públicas, políticos, jueces, notarios y hasta del Registro Público de la Propiedad y el Comercio”, aseguró al señalar que el programa de vivienda incluyente es “clasista y racista”.  

Con su implementación, argumentó, se busca “hacer a un lado a la población vulnerable, que busca un techo donde vivir, pagando por este, y traer a gente con mayores recursos económicos a vivir al Centro Histórico”.