Nueva York. Fiscales estadunidenses presentaron una solicitud para la inclusión de evidencia sobre los intentos de Genaro García Luna para silenciar
a periodistas mediante amenazas, hostigamiento y sobornos cuando era secretario de Seguridad Pública, como parte de sus actividades corruptas con el cártel de Sinaloa, y más recientemente, evidencia de intentos de manipulación de testigos en el caso en su contra desde su prisión.
El equipo de fiscales federales encargado del caso judicial contra García Luna desean incluir evidencia en el juicio sobre cómo el acusado amenazó, hostigó y sobornó a periodistas que estaban investigando sus delitos, y que, después de su arresto, manifestó la disposición a manipular a testigos
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En un memorando presentado al tribunal federal en Brooklyn este miércoles, los fiscales argumentan a favor de incluir evidencia de delitos y actos que no están detallados dentro de la acusación formal pero que forman parte de las actividades criminales del acusado.
Detallan que desean presentar evidencia sobre cómo entre aproximadamente 2008 y 2013 –mientras García Luna ocupaba un puesto en el gabinete de seguridad pública–, el acusado sometió a un o una periodista (no se especifica género) a una campaña de hostigamiento y amenazas
durante años ante los intentos de ese/a informadora para investigarlo.
Además, solicitan permiso para incluir evidencia de que entre 2009 y 2010, el acusado usó dinero proveniente de actividades corruptas para pagar sobornos a una organización de noticias para evitar que periodistas de esa organización publicaran notas negativas sobre él
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Según los fiscales, los esfuerzos por el acusado de silenciar a periodistas ayudan a explicar cómo logró asistir de manera corrupta al cártel de Sinaloa durante años sin que fuera detectado o arrestado
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Por otro lado, los fiscales detallan que casi un año después de su arresto y encarcelamiento en espera de su juicio, García Luna sostuvo conversaciones que fueron grabadas por autoridades de seguridad pública “en las que el acusado platicó de amenazar con violencia y manipular a testigos… refiriéndose a por lo menos uno por nombre”.
En este rubro, los fiscales desean incluir una conversación en el otoño de 2020, en la cual afirman que García Luna deseaba dañar a testigos en su contra
. Explican que una persona con quien estaba hablando García Luna –identificado sólo como Individuo uno
– le dio al acusado el número de teléfono proporcionado por agentes de seguridad pública de un agente encubierto que pretendía ser un integrante de la mafia rusa (se supone que en Estados Unidos) llamado Greg
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En el memorando presentan un fragmento de una conversación grabada entre García Luna y el Individuo uno
el 11 de noviembre de 2020 (García Luna ya estaba encarcelado en Nueva York luego de su arresto en Dallas el 9 de diciembre de 2019 y trasladado a Nueva York), donde platican sobre un Rey
y de un Luis
. Los fiscales suponen que el primero es Jesús El Rey Zambada, quien testificó durante el juicio de El Chapo Guzmán en este mismo tribunal sobre pagos que él le entregó a García Luna por parte del cártel de Sinaloa, y que el segundo es Luis Cárdenas Palomino, quien está acusado junto con García Luna en este caso.
Los fiscales también revelan que el 31 de diciembre de 2020, el llamado Individuo uno
y el acusado hicieron una llamada conjunta con el agente encubierto Greg
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Argumentan que estos intentos después de su arresto para manipular a testigos son evidencia directa de su culpabilidad
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Los fiscales resumen los cargos y acusaciones en este caso incluyendo que entre 2001 y 2012, cuando García Luna ocupaba primero la dirección de la Agencia Federal de Investigaciones y, a partir de 2006 a 2012, como secretario de Seguridad Pública, el acusado usó sus puestos oficiales para asistir al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos de decenas de millones de dólares.
Los fiscales reiteran que en el juicio esperan contar con el testimonio de varios ex altos mandos del cártel de Sinaloa sobre el pago de sobornos a García Luna a cambio de su protección.
El juicio de García Luna está programado para el 24 de octubre ante el Tribunal Federal de Distrito del Este en Brooklyn, Nueva York.