El caso de los indígenas nahuas Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López - detenidos de manera ilegal y arbitraria por policías federales en Veracruz en 2006-, representa una oportunidad para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) pida a México que cumpla con sus obligaciones frente a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y se elimine la figura del arraigo y la prisión preventiva, señaló la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC), que acompaña a las víctimas.

María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la RSDCIAC, recordó que el Estado fue convocado a una audiencia pública ante la Corte el 23 de junio próximo, en el marco de su 149 periodo de sesiones. También fueron citadas las víctimas, testigos y peritos, así como las representaciones legales de ambas partes.

Este caso “sentaría un importante precedente en lo relacionado sobre figuras ilegales como lo es el arraigo y la prisión preventiva, y las repercusiones que tienen en el fortalecimiento de la impunidad”, afirmó en conferencia de prensa. Además, destacó que es la primera vez que estos temas llegan a la CoIDH.

Refirió que para llegar a este momento tuvieron que pasar 15 años, luego de que lo sucedido con Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López -privados de su libertad por más de dos años- fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Resaltó que para las víctimas la figura de arraigo “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, y “les fabricaron pruebas”. Ellos “fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y sin evidencia de que estuvieran en una situación de flagrancia. Su retención resultó ilegal y arbitraria” no fueron informadas sobre las razones de su detención, ni llevadas sin demora ante una autoridad judicial.