Organizaciones defensoras de derechos humanos y diversos programas de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae para la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019, relacionada con las Leyes Secundarias de la Guardia Nacional. El recurso presentado hoy es particularmente sobre los riesgos de la participación de personal castrense en la política migratoria.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Ibero, explicaron que dicho recurso aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad “militarizado”, por los riesgos y consecuencias que tiene su involucramiento en tareas de este tipo para los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad y sujetas de protección internacional.

Detallaron que el amicus curiae fue presentado debido a que a tres años de que fue promovida la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al señalar que diversas disposiciones de la referida Ley son contrarias a los derechos humanos, la SCJN continúa sin resolverla.

En este sentido, el amicus curiae “acerca a la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidas por esta institución, que son el resultado de la naturaleza y composición de la GN como un cuerpo militarizado, con más del 80 por ciento de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos”, expusieron.

Indicaron que dicha información permitirá que la SCJN, al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad, cuente con insumos sobre los riesgos de otorgar facultades en materia de control y revisión migratoria a un cuerpo de seguridad con características y composición castrenses.

Recordaron que desde su creación, “la GN fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras: en febrero de 2022, de 99 mil 946 elementos desplegados en México, 15 mil 822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9 mil 298 elementos en estados de la frontera sur”.

A lo anterior, agregaron, “se suma el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión al interior del país, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos. Además de haberle sido asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias del país”.

Las organizaciones manifestaron que “se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en la frontera sur, incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias.