Londres. El primer vuelo previsto el martes por el gobierno británico, determinado de expulsar a los migrantes ilegales a Ruanda, fue cancelado tras recursos legales de última hora, un revés para el ejecutivo que no desiste de sus planes.

El gobierno británico quería expulsar al país africano a al menos 10 inmigrantes ilegales, en la primera aplicación de una política migratoria defendida como una cuestión de "principio" pero calificada de "inmoral" por la Iglesia anglicana.

Sin embargo, tras los recursos judiciales y una decisión de urgencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el avión especialmente fletado, que costó cientos de miles de euros, se quedó en tierra.

"Último billete cancelado. NADIE VA A IR A RUANDA", tuiteó la organización benéfica de apoyo a los refugiados Care4Calais.

"Recursos legales y alegaciones de último minuto significaron que el vuelo de hoy no pudo despegar (...) No nos disuadirán de hacer lo correcto", dijo la ministra británica de Interior, Priti Patel.

"Nuestro equipo legal está revisando cada decisión tomada sobre este vuelo y la preparación para el próximo vuelo empieza ahora", añadió.

El ejecutivo de Boris Johnson quiere enviar a migrantes a ese país de África oriental, situado a 6.500 km de Londres, para desalentar las llegadas ilegales a través del Canal de la Mancha, que no dejan de aumentar.

"Atroces" traficantes de personas

"Habrá gente en este vuelo y si no están en este vuelo estarán en el siguiente", aseguró antes del revés judicial la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, al canal Sky News.

"Lo que realmente importa es establecer el principio" y "romper el modelo de negocio de estas personas atroces, esos traficantes que comercian con la angustia" de los migrantes, agregó.

"No vamos a dejarnos disuadir ni obstaculizar de ninguna manera por algunas críticas", dijo por su parte Johnson.

El gobierno ruandés dijo estar dispuesto a recoger a "miles" de migrantes y volvió a defender el acuerdo, considerándolo una "solución innovadora" para un "sistema global de asilo roto".

En Calais, en la costa norte de Francia, de donde parten muchos migrantes para ir a Inglaterra, algunos aspirantes no parecen impresionados por esta medida "disuasoria".

Moussa, de 21 años, procedente de Darfur (Sudán), afirma que quiere ir a Inglaterra para "obtener papeles" y porque ya habla inglés.

Han "atravesado tantos países, se han enfrentado a tantas situaciones de estrés y peligros inmediatos" que van a correr este riesgo, explica a la AFP William Feuillard, coordinador de la asociación L'Auberge des Migrants.

"Vergüenza"

Los cruces ilegales del Canal de la Mancha son la bestia negra del gobierno conservador británico y provocan regularmente tensiones con Francia.

Desde principios de año, más de 10.000 inmigrantes han cruzado ilegalmente desde las costas francesas a las inglesas en precarias embarcaciones, lo que supone un número récord respecto a años anteriores.

En virtud de su acuerdo con las autoridades ruandesas, Londres financiará inicialmente el plan con 120 millones de libras (157 millones de dólares, 140 millones de euros). El gobierno de Kigali afirmó que ofrecerá a los migrantes la posibilidad de "establecerse permanentemente".

"Esta política inmoral avergüenza al Reino Unido", dijeron los líderes de la Iglesia anglicana, entre ellos el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el arzobispo de York, Stephen Cottrell, y 23 obispos, en una carta publicada en el periódico The Times.

"Nuestra herencia cristiana debería animarnos a tratar a los solicitantes de asilo con compasión, equidad y justicia", subrayaron.

Pero Truss rechazó estas críticas. "Nuestra política es totalmente legal. Es totalmente moral", afirmó la ministra, asegurando que Ruanda es "un país seguro". "Los inmorales en este caso son los traficantes", agregó.

Para agravar la polémica, el príncipe Carlos, heredero al trono británico de 73 años, calificó en privado el plan gubernamental de "espantoso", informó el sábado el diario The Times.

En Ruanda, país dirigido por el presidente Paul Kagame desde el final del genocidio de 1994, donde según la ONU murieron 800.000 personas, el gobierno es acusado regularmente por las oenegés de reprimir la libertad de expresión, la crítica y la oposición política.

Los migrantes deportados deberían ser alojados en el albergue Hope de Kigali, que "no es una cárcel", sino un hotel cuyos residentes serán "libres" de marcharse, según su director, Ismael Bakina.

El establecimiento tiene capacidad para 100 personas, con un precio diario de 65 dólares por persona.