Zacatecas, Zac. Los casos de abuso sexual y violaciones perpetrados en la primaria Raúl González Ferniza y el kínder María R. Murillo, en los municipios de Vetagrande y Guadalupe, en dónde en semanas recientes se han contabilizado varias denuncias por ataques contra víctimas menores de edad, son una muestra “de omisión, abandono e indolencia por parte de las autoridades”, así como de la inoperancia y falta de seguimiento de protocolos establecidos años atrás, para proteger y garantizar los derechos de las infancias y las juventudes del estado”.

Denunció este martes el Movimiento Feminista de Zacatecas, instancia que aglutina a una docena de organizaciones feministas de la entidad, que dirigió un pronunciamiento a los representantes de los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con copia para los medios de comunicación locales y nacionales.

El colectivo de organizaciones feministas, recordó que el abuso sexual como las violaciones en contra de niñas, niños y adolescentes “son hechos deleznables que atentan contra su integridad física, emocional, psicológica”.

Pero lo más grave, es que ocurran dentro de instituciones educativas, porque “debieran ser éstas un espacio seguro para proteger, respaldar y garantizar todas las medidas de sano desarrollo a sus estudiantes, y no el escenario de abominables prácticas por parte de docentes o personal de cualquier índole, como el de intendencia”.

En este contexto, el Movimiento Feminista de la entidad lamentó que la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), como máxima rectora de este ámbito, debe garantizar que la enseñanza esté basada en el respeto irrestricto de la dignidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Además, está obligada a señalar y denunciar cualquier delito sexual al interior de sus espacios, “en lugar de solapar a los responsables o ignorar las acusaciones, como ya ha ocurrido”.

“Desde el Movimiento Feminista en Zacatecas repudiamos estos atroces delitos que laceran la vida, que truncan el sano desarrollo psicosexual de la niñez, de la adolescencia, de la juventud; exigimos el esclarecimiento de todos los casos, el castigo de cada uno de los responsables, de los cómplices de abuso sexual contra menores, así como la atención psicológica especializada de las víctimas por parte de los sistemas estatal y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)”.

Asimismo, se exige a los representantes de los poderes del estado en Zacatecas, que, “como parte del seguimiento de la reparación integral de daños, incluyendo los procesos de rehabilitación psicológica especializada, personal, familiar y comunitaria”.

Entre otras cosas, el colectivo planteó que “somos conocedoras de la corrupción al interior de los sistemas de justicia, lo que desemboca en impunidad y re victimización; por ello, reclamamos a las comisiones estatales de Atención integral a Víctimas y de Derechos Humanos, a la Fiscalía, a la Legislatura, que cumplan con su trabajo al observar, acompañar y supervisar que se ejecuten debidamente tanto los procesos jurídicos como psicológicos, hasta restaurar en su grado máximo posible la salud físico-emocional de víctimas las primarias y secundarias”.

También, demandaron, el “emitir sentencias más severas para los casos de abuso sexual infantil, con una legislación en pro de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.