Ciudad de México. Iberdrola, empresa trasnacional española que en días recientes recibió una sanción multimillonaria por vender ilegalmente electricidad, solicitó un amparo contra otra resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ente normativo que negó la modificación de un permiso de generación a una central ubicada en Querétaro, pues iría en detrimento de los usuarios finales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El segundo productor de electricidad en el país interpuso el recurso legal ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

La empresa busca revertir la resolución identificada como RES/416/2022, la cual fue votada el pasado 16 de mayo por el órgano regulador, para negar la modificación del permiso para generar energía eléctrica bajo la modalidad de cogeneración E/1486/COG/2015, otorgado a Iberdrola Cogeneración Bajío SA de CV, que según su página de Internet tiene la segunda planta de cogeneración que se ha construido en el país para Kimberly Clark México.

En diciembre de 2019, Iberdrola, el mayor productor privado de energía en México, solicitó a la CRE cambiar la condición tercera del permiso concedido para generar energía, pues pretendía incluir a más socios en el aprovechamiento de la electricidad, para sumar 519 beneficiarios de la energía generada a través de 2 mil 316 centros de carga.

Un análisis incluido en la resolución determinó que de realizar los cambios a la central de Iberdrola Bajío implicaría un balance financiero anual deficitario por 589 millones 830 mil pesos.

Ante ello, la CRE consideró que la solicitud de Iberdrola no es procedente porque el balance deficitario genera una afectación a los participantes del mercado eléctrico mayorista (MEM) y a los usuarios finales al trasladarles los costos que se generan de la operación y representación del generador de intermediación (GI) de los centros de carga y socios que la permisionaria pretende adicionar a su permiso.

El organismo regulador señaló que aprobar la solicitud de modificación de beneficiarios promovida por la permisionaria, constituiría un acto contrario al desarrollo eficiente del mercado y protección de los intereses de los usuarios (de CFE servicios básicos).

A finales de mayo la CRE sancionó a la firma energética con una multa de 9 mil 145 millones de pesos, equivalente a casi 10 por ciento de las ganancias globales de todo el grupo.

El órgano decidió aplicar la sanción porque Iberdrola a través de su planta Dulces Nombres en Pesquería, Nuevo León, vendió electricidad a sus socios, según se halló en facturas. La central contaba con un permiso de autoabastecimiento, por lo que la generación de energía sólo debía ser para Iberdrola Energía Monterrey (IEM), no para venderla a sus socios, los cuales no eran parte del proyecto original aprobado por la CRE.

Hasta el momento la multinacional no ha revelado si impugnará la decisión, ni tampoco se ha pronunciado ante sus inversionistas sobre la multa a la que se hizo acreedor.

Aunado a ello, el SAT se encuentra verificando –según la información que presentó la propia empresa en su informe financiero anual consolidado de 2021– facturas emitidas por Iberdrola México, Iberdrola Escobedo e IEM.