La Fiscalía General de Nayarit le sigue investigación criminal a Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, ex secretario general de gobierno del panista Antonio Echevarría García, por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con daños al erario estatal y federal, lo informó el actual titular de la política interna en la entidad, Juan Echeagaray Becerra.
“Sí hay carpetas de investigación, más ignoro si se encuentre ya la orden de detención en contra de él”, declaró el funcionario morenista, en referencia directa a quien fue secretario general de Gobierno en el primer año de mandato del empresario local del PAN, Antonio Echevarría García.
Aunque no dijo la cantidad de carpetas de investigación ni precisó los posibles delitos que la Fiscalía estatal podría imputar a Jorge Aníbal, también hermano de la diputada local del PT, Tania Montenegro Ibarra, el actual secretario General de Gobierno de Nayarit, optó por respetar el sigilo de las investigaciones y afirmó desconocer si ya existe alguna orden de detención en contra del ex funcionario.
Afirmó que prefería no dar más datos al respecto, pues explicó que respetaba el sigilo que se debe conservar para evitar lo que pasó con el ex titular de Movilidad estatal, Luis Alonso “N”, actualmente sujeto a proceso penal por varios delitos, “que se filtró su orden de aprehensión, y al día siguiente estaba con un pie ya en la frontera norte”, pero gracias a un rápido operativo policial se logró su captura en el poblado General Felipe Ángeles del municipio de Tecate, Baja California, con la colaboración de la Fiscalía General de aquella entidad, el pasado mes de abril.
De prosperar las investigaciones, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra se sumaría a la lista de funcionarios de primer nivel de la anterior administración estatal panista sujetos a procesos penales, Luis Alonso “N”, Ernesto “N”, Juan Luis “N”, ex titulares de Movilidad, Desarrollo Económico y de Administración y Finanzas, respectivamente, así como algunos otros funcionarios de nivel medio vinculados también a juicios orales penales, y otros más que aún no han sido localizados para cumplir con sus órdenes de aprehensión respectivas.
