Los Ángeles. Un total de 20 países adoptaron ayer una declaración para una migración ordenada, con el principio de responsabilidad compartida, como ha pedido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con la que clausuraron la novena Cumbre de las Américas, celebrada en esta ciudad, envuelta en polémica.

Ningún país debería cargar en solitario con los crecientes flujos migratorios, afirmó Biden, flanqueado por los demás firmantes de la llamada Declaración de Los Ángeles, con las banderas de sus países de fondo.

La migración segura y legal beneficia al desarrollo económico, pero hay que proteger las fronteras contra la entrada irregular, con humanidad, insistió.

El término clave para Biden es responsabilidad compartida, debido a que Estados Unidos no quiere cargar con todo el peso del flujo migratorio.

Parece haber convencido a los dirigentes latinoamericanos, aunque en la lista de firmantes de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección –adelantada por la Casa Blanca en un comunicado–deja fuera a República Dominicana y Bolivia.

De acuerdo con la declaración, que habla de avanzar en el objetivo común de una migración ordenada, segura y regular, Estados Unidos acogerá a 20 mil refugiados de América Latina en 2023 y 2024, tres veces más que este año. Es una quinta parte de los 100 mil ucranios que Washington se dispone a recibir después de que Rusia invadió su país.

Anunció 314 millones de dólares en nuevos fondos para ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo de refugiados y migrantes vulnerables en América Latina, incluido un programa para venezolanos que han emigrado a 17 países de la región.

Unos 7 mil 500 migrantes irregulares, en su mayoría de Centroamérica, pero también de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, intentan cruzar a diario la frontera con Estados Unidos, según datos oficiales de abril.

El documento señala que el gobierno de Biden también se propone aumentar la acogida de refugiados haitianos, sin dar cifras, y otorgará 11 mil 500 visas de trabajo temporal a ciudadanos de Haití y Centroamérica ante la escasez de mano de obra en Estados Unidos.

Belice, Costa Rica y Guatemala, e incluso España como Estado observador, entre otros, también colaboran, pero estas iniciativas están lejos de aliviar a los migrantes que huyen masivamente de la pobreza, la violencia y la corrupción.

Entre los que firmaron el acuerdo hay países claves que envían o reciben migrantes o que sirven como corredores de tránsito: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú y Estados Unidos. También participan Argentina, Barbados, Belice, Jamaica, Paraguay y Uruguay.

Compromisos de México

Tras la firma de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, el gobierno de México anunció que ampliará las vías laborales y de refugio con los países del norte de América Central, y pidió del mismo modo el respaldo de Estados Unidos para las comunidades mexicanas que residen en su territorio.

Al respaldar la Declaración de Los Ángeles, México anunció que la complementa con una serie de nuevas medidas concretas en favor de la movilidad laboral, el sistema de refugio y la protección a grupos vulnerables, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En materia de movilidad laboral, México trabajará con el gobierno de Guatemala a fin de lanzar un nuevo programa de cooperación laboral para personas de ese país.

La propuesta incluye incorporar a entre 15 mil y 20 mil migrantes de Guatemala en México por año, con miras a expandirla para personas de Honduras y El Salvador en el mediano plazo. Se extenderá el programa basado en las tarjetas de visitante trabajador fronterizo (TVTF) a fin de duplicar sus emisiones, de 10 mil a 20 mil documentos anuales.

La SRE señaló que, adicionalmente, los gobiernos de México y Estados Unidos han acordado la creación de dos nuevos grupos bilaterales de trabajo, uno para la suscripción de un memorando de entendimiento que fortalezca programas de visas y la defensa de los derechos laborales de los mexicanos que laboran en Estados Unidos, y otro para diseñar y establecer nuevas medidas para proteger los derechos de los menores migrantes.

(Con información de Arturo Sánchez Jiménez)