Nueva York. Un comité legislativo dedicado a investigar el intento de golpe de Estado y otras maniobras del equipo de Donald Trump para descarrilar la transición pacífica del Poder Ejecutivo, por primera vez en la historia estadunidense, empezó a divulgar sus evidencias y conclusiones en la primera de una serie de audiencias públicas, alertando que la democracia permanece bajo riesgo en Estados Unidos.

El comité especial sobre el 6 de enero de la Cámara Baja ha investigado la llamada insurrección en el Capitolio del 6 de enero de 2021 durante casi un año, entrevistando a más de mil testigos, examinó 140 mil documentos, videos, audios y otras evidencias, y ayer comenzó a presentar en público por primera vez lo que ha encontrado con el propósito de demostrar que el asalto violento a la sede legislativa por miles de simpatizantes del entonces presidente, junto con esfuerzos para invalidar resultados electorales en varios estados, fue parte de un intento deliberado y coordinado de Trump y sus cómplices para anular la certificación del triunfo electoral de Joe Biden.

El jefe del comité, el diputado Bennie Thompson, al abrir la sesión, declaró: el 6 de enero y las mentiras que llevaron a la insurrección han puesto en riesgo dos y medio siglos de democracia constitucional, y advirtió que nuestra democracia permanece en peligro. La conspiración para anular la voluntad del pueblo no ha acabado.

Agregó que “el mundo está observando lo que hacemos aquí… Estados Unidos ha sido un faro de esperanza y libertad, un modelo para otros… ¿Cómo podemos jugar ese papel cuando nuestra casa está en tal desorden?”

Thompson proclamó que el 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado y afirmó: Donald Trump estaba al centro de esta conspiración. Ese día, acusó, enemigos domésticos de la Constitución actuaron y el presidente de Estados Unidos intentó frenar el traslado pacífico del poder.

En esta primera audiencia pública –trasmitida en vivo en hora pico por casi todas las cadenas y noticieros nacionales del país, con la excepción de Fox News–, el comité compuesto por siete demócratas y dos republicanos ofreció un primer resumen de la amplia investigación, presentó testimonios y videos nunca antes vistos. Dos testigos, Nick Quested, documentalista (quien ha realizado documentales sobre la guerra en Afganistán y otro sobre un cártel mexicano) que estaba filmando las actividades del grupo derechista Proud Boys –quienes participaron en el asalto al Capitolio–, y Caroline Edwards, policía del Congreso que fue herida –al igual que otros 100 de sus colegas– por quienes tomaron por asalto la sede legislativa, declararon lo que vivieron ese día.

El ex presidente quería seguir en el poder

Durante las dos horas de la audiencia se mostraron fragmentos de entrevistas videograbadas de varios testigos a lo largo de los últimos meses por el comité, incluyendo una al ex procurador de Trump, Bill Barr, afirmando que nunca hubo evidencia de un fraude, como funcionarios de la Casa Blanca y hasta la hija del ex presidente señalaron.

La diputada republicana Liz Cheney, copresidenta del comité y quien ha sufrido feroces ataques del liderazgo de su partido por participar en la investigación, ofreció adelantos de lo que los legisladores investigadores presentarán a lo largo de la serie de audiencias públicas que han programado para las próximas semanas. Presentó fragmentos de entrevistas con testigos que se mostrarán para documentar que la intención de Trump fue permanecer como presidente en violación de la Constitución.

Concluyó que la sagrada responsabilidad del traslado pacífico del poder ha sido respetada por todo presidente con la excepción de uno. Y en un mensaje a sus colegas republicanos que han seguido apoyando al ex mandatario afirmó: llegará un día en que Donald Trump ya no esté presente, pero el deshonor de ustedes permanecerá.

Con nuevas revelaciones y más pruebas sobre cómo Trump personalmente intentó bloquear el traslado del poder para seguir en él, lo más preocupante, subrayan los investigadores, es que este esfuerzo sigue con el magnate y fuerzas extremistas promoviendo la llamada gran mentira del fraude y la narrativa de que el sistema electoral y las instituciones democráticas ya no son legítimas.

Habrá más revelaciones

Entre los más de mil testigos entrevistados por el comité, incluidos varios ex asesores y funcionarios de Trump, decenas de figuras claves han rehusado las invitaciones del comité, incluyendo al ex jefe de gabinete Mark Meadows, el asesor político Steve Bannon y el actual líder de la bancada republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, entre varios otros legisladores republicanos implicados en participar de alguna manera en el asalto o en coordinarse con las agrupaciones que intentaron tomar el Capitolio y con ello frenar el proceso de certificación de la elección que se realizaba ante el Congreso ese día.

Desde el año pasado, el liderazgo republicano y aliados de Trump buscan descalificar el comité como un esfuerzo demócrata dedicado a desacreditar al magnate como posible candidato en 2024. Más aún, varios diputados republicanos que se atrevieron a votar para aprobar la creación del comité han sido víctimas de represalias electorales de su partido, y los dos integrantes republicanos de la comisión legislativa, la diputada Cheney y su colega Adam Kinzinger, han sido aislados por el liderazgo de su partido y atacados como traidores.

La investigación del Comité ha abordado varios aspectos de esta conspiración que seguirá revelando en las próximas semanas, incluyendo lo que ayer presentaron, una estrategia de siete puntos para descarrilar el proceso electoral, entre ellos el papel de fuerzas extremistas domésticas –como los Proud Boys y los Oath Keepers– en el asalto al Capitolio.

Por cierto, esta misma semana el Departamento de Justicia anunció nuevos cargos criminales contra el cubanoestadunidense Enrique Tarro, líder de los Proud Boys, y varios de sus colegas por conspiración sediciosa. Ayer, antes de la primera audiencia, la FBI arrestó a Ryan Kelley, candidato republicano a la gubernatura de Michigan, por sus acciones durante el 6 de enero en el Capitolio.

Más de 850 personas han sido arrestadas en relación con los actos violentos de ese día. Sin embargo, Trump y la mayoría de sus asesores y cómplices más cercanos –señalados de autores intelectuales de esa conspiración antidemocrática– aún no han sido formalmente acusados.

El Congreso no puede dictar cargos criminales, pero puede instar al Departamento de Justicia a investigar a los responsables y usar las evidencias de la investigación.

El diputado demócrata Jamie Raskin, otro integrante del comité, comentó a medios que el éxito de esta investigación y presentación de evidencia al público estadunidense se podrá medir si somos capaces de preservar la democracia estadunidense y nuestra instituciones: es una prueba de largo plazo.

La siguiente audiencia será la próxima semana.