En la crisis diplomática y comercial entre España y Argelia entró un nuevo protagonista, la Unión Europea (UE), que advirtió al país africano que su decisión de congelar el comercio con el país ibérico y la suspensión del Tratado bilateral de “amistad” supone una vulneración a los pactos comerciales con el conjunto del bloque y que, por tanto, podría tener consecuencias penales y admnistrativas. El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, acudió a las instituciones europeas para implorar apoyo y ayuda en una crisis que se originó por el viraje sin precedentes y por sorpresa en la postura tradicional de España con respecto al conflicto del Sáhara Occidental.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, suspendió desde hace un par de días todos los compromisos que tenía previstos, incluida su participación en la Cumbre de las Américas, para centrarse en la crisis que tienen con Argelia.

El origen del conflicto fue una carta que escribió el propio presidente español, dirigida al rey marroquí Mohamed VI y en la que se expresaba su respaldo a la vía de resolución del conflicto del Sáhara propuesta por Marruecos, que asume a la región en disputa como una autonomía integrada al Estado del país africano.

La primera reacción del gobierno argelino fue llamar a consultas a su embajador, después, tras una comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente Sánchez, del pasado miércoles, decidió suspender el tratado de amistas y un día después congelar los acuerdos comerciales. Lo que supone de facto la ruptura de cualquier tipo de relación política o económica entre ambos países. Una situación inédita que provocó la alarma y el nerviosismo en el gobierno español, sobre todo porque el origen de la crisis fue precisamente su propia torpeza diplomática en un asunto tan sensible históricamente como el del Sáhara.

El ministro Albares viajó a Bruselas para implorar ayuda a la UE, que se tradujo en una advertencia oficial a Argelia, bajo el argumente de que el corte de forma unilateral de las transacciones comerciales “en principio parecen violar el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Argelia, particularmente en el área de comercio e inversión”, al sostener que se trataría de “un trato discriminatorio”.

En un comunicado conjunto, Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, y Josep Borrell, alto representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad, expresaron además su “suma preocupación” ante la decisión del Gobierno argelino. Y advirtieron que “las relaciones bilaterales de terceros países con Estados miembros individuales de la UE forman parte de sus relaciones con la UE.

La unidad y la solidaridad dentro de la UE siguen siendo fundamentales para defender nuestros intereses y valores en nuestras relaciones con todos los países”, ya que la política comercial es “competencia exclusiva de la UE”, que “está dispuesta a hacer frente a cualquier tipo de medida coercitiva aplicada contra un Estado miembro”.

El gobierno argelino, que ayer reivindicó de nuevo el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, tal y como lo reconocen diversas resoluciones de la ONU, de momento no ha dicho nada a la amenaza europea, pero mantiene intactas sus medidas de protesta contra España.