Monterrey, NL. han pasado 4 meses, desde la muerte del menor Ángel Manuel Moreno en el Centro DIF Fabriles, de la ciudad de Monterrey, sin que a la fecha se haya esclarecido el caso, por lo que integrantes de la organización Red por los Derechos de la Infancia en México, exigieron a las autoridades una investigación a fondo.

A través de una conferencia virtual, integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), cuestionaron que sigue habiendo muchas dudas sobre la muerte del menor, de quién se aseguró, falleció a consecuencia de un malestar estomacal.

"Sigue habiendo serias dudas en el caso, necesidad de que haya una investigación lo suficientemente profunda que vaya a la raíz del problema, que señale las personas responsables de la muerte de Ángel y sobre todo se esclarezca sí efectivamente el menor sufrió malestar estomacal o si hubo algún tipo de violencia en su contra", dijo Tania Ramírez, representante del organismo. Reiteraron que ningún niño bajo la custodia del estado debe fallecer.

"Si Ángel murió simplemente de un malestar estomacal también es una gravísima omisión por parte del Estado, en este caso de las autoridades en Nuevo León, un niño que está bajo la protección de una institución no debe morir en esas circunstancias y mucho menos en dónde pudiera haber abusos o violencia", agregó.

Ángel Manuel Moreno, de 14 años de edad, falleció el pasado nueve de febrero en las instalaciones del DIF Fabriles, y su cadáver fue cremado de forma inmediata; en su momento, las autoridades informaron que el menor falleció por un problema estomacal, aunque organismos acusan que sufría de maltrato en la institución.

Miguel Ángel Sánchez Rivera, ex director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo León y otros ex funcionarios del sistema fueron dados de baja a raíz de esta situación.

La renuncia estaría relacionada con las irregularidades que salieron a la luz pública en la muerte y cremación del joven Ángel en el albergue Fabriles del DIF Nuevo León. La investigación de la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero, obligó a que estos funcionarios sean separados, al menos temporalmente, de sus cargos.

Entre las irregularidades del caso, se encuentra, expedir un certificado de defunción por un doctor externo y cremar el cuerpo del joven de 14 años sin la autorización de la Fiscalía, lo que es un tema muy delicado y que ameritaría una sanción ejemplar para sentar un precedente.

Más aún, cuando se evidencian las malas condiciones en las que se encuentra el albergue Fabriles, durante la estancia de Ángel, las cuales se documentaron en la inspección de la Secretaría de Salud.