Chilpancingo, Gro. El abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, coincidió con lo expresado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que existió un “pacto del silencio” y mucho intereses en el caso Ayotzinapa. Eso, reiteró, “no se ha podido desmontar, y las autoridades no han podido avanzar en romper ese pacto de impunidad que existe”.
Tal vez estén esperando “los resultados de la investigación de cinco restos hallados en el municipio de Cocula, que se llevaron a (la Universidad) Innsbruck, y que muy probablemente pueda salir algún positivo, y con ello posibilidades de dialogar”.
Parte de esta información no la conocía el presidente López Obrador “porque surgió poco antes del 23 de septiembre pasado, que fue la última vez que platicamos con él, y fue cuando se abrieron los archivos, uno de los cuales es el video de la Marina que difundió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); otro documento encontrado en los archivos militares de una conversación entre dos personas que dicen tener a 38 estudiantes”.
Entrevistado durante la cuarta protesta que padres de familia y contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), realizaron esta mañana en el palacio de Gobierno en Chilpancingo, aseveró que “los puntos negros del caso están en la Fiscalía General de la República (FGR) y en el Ejército Mexicano”.
Al referirse a la FGR, expuso que “a menudo pone obstáculos para que el asunto avance; ahí hay enquistadas personas que tienen responsabilidad, y que formaron parte del gobierno anterior; son quienes participaron en la construcción de la ‘verdad’, y que son los que ponen obstáculos a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, impulsada por este gobierno”.
Un ejemplo de esto, reiteró, es que “una persona apodada El Indio, que era líder de Guerreros Unidos, que tenía órdenes de aprehensión, y contaba con muchísima información del caso Ayotzinapa” habría sido asesinado durante un operativo de la FGR. “Hay datos de prueba, y se abrió la investigación, (pues) fue evidente que hubo una ejecución deliberada”, señaló.
Añadió que en la FGR hay alguien interesado en “romper estos hilos o testimonios que pueden dar más luces al caso; se está investigando este hecho gravísimo. Otro dato es que la Dirección de Asuntos Internacionales tardó más de dos años para enviar a Israel un expediente traducido al inglés, con motivo de la extradición de Tomás Zerón de Lucio”.
Por eso “se atrasó dos años el proceso de extradición; ¿acaso la Fiscalía no tiene gente para que haga la traducción del expediente?; se llevó dos años para traducir unos cuatro tomos. Y con las detenciones, hubo información que salió de la propia FGR, para que estas personas evadieran la acción de la justicia, ahí mismo hay obstáculos, que impiden el avance de las investigaciones”.
Respecto del Ejército Mexicano, aseguró que “tiene información relevante de lo que ocurrió, a partir de que tenían infiltrada la escuela (Ayotzinapa); dieron seguimiento a los estudiantes hasta Iguala, y desplegaron otros agentes de inteligencia; a través del C4 los estuvieron siguiendo; intervinieron comunicaciones telefónicas, y ya tenemos esa prueba transcrita”.
Para nosotros, acotó, “el pacto de impunidad se teje con autoridades que estuvieron con antelación en altos cargos y responsabilidades del gobierno anterior (de Enrique Peña Nieto) que todavía están en la FGR; en tanto el Ejército Mexicano sabe lo que ocurrió, y tenemos un dato de prueba ya judicializado, que dice que 25 jóvenes fueron ingresados esa noche (del 26 de septiembre de 2014) al 27 Batallón de Infantería”.
